A la viceconsejera de Juventud, Sofía Acedo, no la falta razón cuando critica el drástico recorte del Estado en su aportación para el mantenimiento de la oficina de información juvenil sita en la Casa de la Juventud. De 59.000 euros que la Administración central aportó el pasado año, hemos pasado a los 34.000 del presente ejercicio. Una rebaja importante que no guarda correspondencia con la realidad de la juventud melillense, vapuleada por el paro y el fracaso escolar en mayor medida que la del resto de España y necesitada por tanto de una política más comprometida y decidida a promover condiciones de mayor igualdad, oportunidades, formación y acceso al mercado laboral.
La situación se vuelve esperpéntica si se tiene en cuenta que, encima, el Gobierno socialista hace promoción de su recorte, alegando que da cuenta de su compromiso con los jóvenes melillenses. Con tan escasa aportación, su política no es tal y el dinero a transferir no pasa de ser un gesto testimonial, más al servicio de la mala propaganda que al de una efectiva política de integración juvenil.
La noticia cobra relevancia por el complicado perfil del joven melillense, que debería ser objeto de políticas de discriminación positiva teniendo en cuenta el perfil social que lo caracteriza y que lo singulariza especialmente, marcándolo con circunstancias que hace su futuro más difícil y complicado.
