El BOE publica este acuerdo del Consejo de Ministros que significa la prórroga del convenio de colaboración suscrito entre las dos Administraciones en el año 2005. Melilla recibirá 432.497 euros para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo, según un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de marzo, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que el sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado.
Este acuerdo prorroga para este año el convenio de colaboración suscrito en 2005 entre el Ministerio de Trabajo y la Ciudad de Melilla, cuyo coste total de las actuaciones asciende a 617.853 euros, de las cuales el Gobierno local deberá aportar el resto, es decir 185.356 euros, lo que se corresponde con el 32 por ciento.
El convenio es el resultado del marco de cooperación para la gestión del Fondo de Integración examinado en la reunión del 22 de febrero de 2011, de la Conferencia Sectorial del Inmigración, que es el órgano colegiado de coordinación y cooperación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en las actuaciones con incidencia en la política de integración de los inmigrantes.
El objetivo del Ministerio al aportar esta dotación presupuestaria es financiar la actuación que realice la ciudad autónoma para fomentar el desarrollo de políticas de integración de las personas inmigrantes en los ámbitos de: acogida; integración en los ejes de empleo vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualdad de trato, mujer, participación, sensibilización y desarrollo; y refuerzo educativo.
El papel de las administraciones públicas en el ámbito de las políticas de integración de los inmigrantes viene delimitado por la Constitución Española que atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de inmigración y a las comunidades autónomas y entidades locales, competencias en áreas clave para la integración, tales como el empleo, la educación, la salud, los servicios sociales o la participación cívica.
El aumento de los flujos migratorios hacia España en los últimos años ha supuesto un incremento importante de la población atendida por los diferentes servicios públicos, con los correspondientes efectos sobre la planificación, desarrollo y financiación de políticas sobre las que las Comunidades Autónomas cuentan con competencias.
En ‘Acogida e integración’, se establece una asignación básica para cada autonomía (10 por ciento) en aplicación de un criterio de solidaridad interterritorial y con el fin de que las comunidades con presencia menor de inmigrantes cuenten con una aportación estable.
Además, se establece un 25 por ciento a una partida de “situaciones especiales” que responde a la mayor presión migratoria de entrada que soportan algunas comunidades por su situación geográfica: Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
La cantidad restante se asigna en función de la población inmigrante empadronada, el número de trabajadores inmigrantes afiliados a la Seguridad Social y el número de trabajadores inmigrantes del Régimen Especial Agrario.
En cuanto a la partida de Refuerzo Educativo se asigna en función de los siguientes criterios: el número total de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria por comunidad autónoma y el número de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria procedente de países no castellanohablantes por comunidad autónoma.
