El informe anual de Pro Derechos Humanos señala que tensión entre España y Marruecos en agosto del año pasado conllevó la entrada de más inmigrantes de manera irregular a través de Beni-Enzar.
El informe publicado por la ONG española Pro Derechos Humanos sobre el estado de la inmigración en España ha resultado contundente al señalar que los incidentes registrados en la frontera de Beni-Enzar en agosto de 2010, cuando ciudadanos marroquíes acusaron la Policía Nacional de malos tratos, conllevaron un repunte en la presión migratoria y en la entrada de personas de manera irregular en la ciudad.
El informe afirma que la Guardia Civil constató un incremento en el número de entradas desde estos incidentes, y también que desde esa fecha las autoridades marroquíes rechazaban “por sistema” a los indocumentados que España intentaba devolver al reino alauita.
En cuanto a la actuación del Estado español frente a esta situación, la ONG afirmó que se limitó “en extremo” el traslado de personas a la península y se “sistematizaron” los métodos de detención y expulsión de los inmigrantes. “La consecuencia fue mayor sufrimiento, riesgo, desembolso económico, y más indefensión ante las mafias y las redes de trata de personas”, según el estudio de la asociación humanitaria. En definitiva, se generó “una violencia silenciosa, creciente e inhumana. Más muerte a cambio de un aparente poder disuasorio”.
Y es que para Pro Derechos Humanos, Melilla ya no es una puerta fácil de franquear para dirigirse a Europa, sino un lugar “de retención” de inmigrantes “por todo el tiempo que sea necesario” para poder materializar la expulsión a través de acuerdos de devolución con sus países de origen, ya que al parecer, desde el 2008, los acuerdos de readmisión de inmigrantes son una de las razones que tiene el Gobierno para retenerlos en Melilla y Ceuta todo el tiempo necesario hasta ser reconocidos por sus países. Un proceso que, en ocasiones, tarda años en resolverse.
Todo este tiempo en que los inmigrantes son obligados a permanecer indefinidamente en Ceuta o en Melilla viven en una situación de “limbo legal en la que ven restringidos los derechos que cualquier inmigrante tiene en la Península”.
Por ejemplo, a los que llegan a Melilla no les permiten empadronarse, por lo que no pueden ser documentados después de tres años como permite la ley. Tampoco tienen derecho a la Seguridad Social, ni a la educación reglada obligatoria.
Por otro lado, la aplicación “hiperrestrictiva” de la nueva Ley de Asilo ha venido a dificultar aún más las posibilidades de “dar el salto a la península”. En lugar de suponer una mejora para los potenciales refugiados que conseguían llegar a alguna de las ciudades autónoma, estos se han sumado al bloqueo de los que llevan años ellas.
La paradoja de la solicitud de asilo
A lo largo de su informe, Pro Derecho Humanos se hizo eco de la paradoja legal que supone la solicitud de asilo en la Ciudad Autónoma de Melilla, pues hasta el año 2009, a quienes se les concedía la tarjeta amarilla de solicitante eran autorizados a viajar a la península y contaban con derecho para residir y
trabajar mientras se resolvía su petición. Sin embargo, desde el pasado año, los solicitantes de asilo reconocidos no tienen permiso para salir de la ciudad. Y ello porque se da más peso a la Directiva Schengen que a la propia Ley de Asilo.
En su artículo 5, la directiva Schengen recoge que “España mantendrá controles de identidad y documentos, en las conexiones marítimas y aéreas provenientes de las dos ciudades autónomas que tengan como único destino otro punto del territorio español. Como Melilla y Ceuta no pertenecen al espacio Schengen, los extranjeros que acceden a ellas no pueden entrar en la Unión Europea si no están documentados, por lo que estos solicitantes de asilo no pueden cruzar el Estrecho.
Ante esto, organizaciones sociales como CEAR, Amnistía Internacional, Prodein, Elin o ACNUR han denunciado que es ilegal este bloqueo, ya que los solicitantes tienen la tarjeta amarilla, documentación expedida por el Ministerio del Interior que les autoriza a permanecer y circular libremente por España.
Melilla registró un total de 1.007 entradas ilegales.
En 2010, las personas que lograron sobrepasar la frontera y entrar a Melilla, según la única cifra aportada por el Ministerio del Interior, fueron 1.007, mientras que a Ceuta lograron entrar 560.
Según se detalla en el informe anual de Pro Derechos Humanos, la entrada de inmigrantes a la Ciudad Autónoma a nado se realiza por dos zonas; el Barranco del Quemadero y el Dique Sur, que funciona como límite con el puerto de la zona marroquí, unos 1.200 metros a nado que puede hacer cualquier persona con un mínimo de preparación física.
Según el informe, varias personas han logrado pasar a Melilla a través de una de las tuberías que enlaza la depuradora con el Dique Sur.
Otros, esporádicamente, se juegan la vida colocándose en los bajos de coches o camiones para intentar pasar desapercibidos cuando cruzan la frontera.
En el momento de ser interceptados en territorio español y conducidos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el principal problema, según denunció la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla es que la estancia de los inmigrantes se hace “excesivamente larga”.
Hasta cinco años pueden permanecer en la ciudad esperando sin saber si el final será su expulsión de territorio nacional o si se les permitirá acceder a la península sin documentación, pues sólo unos pocos pasan con permiso de residencia.
La situación cada vez es más problemática, según la ONG, ya que el CETI a comienzos del presente año estaba abarrotado con 650 personas, después del incremento de entradas de los últimos meses y la negativa por parte del Gobierno de sacar a los inmigrantes de Melilla y trasladarlos a la península, lo que se hace sólo esporádicamente, cuando el centro se encuentra en una situación insostenible.
Fruto de esta circunsancia se han registrado toda clase de situaciones indeseadas y conflictos, que durante el 2011 han desembocado en que decenas de inmigrantes han abandonado voluntariamente el CETI, mientras que otros “han sido expulsados” por la Dirección del Centro, para establecerse en chabolas en los alrededores del Río de Oro, cerca del Cerro de Palma Santa, y vivir de una forma marginal e insalubre; chabolas en las que viven incluso parejas con niños de corta edad.
