Asegura que la empresa encargada del mantenimiento de las instalaciones “está incumpliento los convenios colectivos en vigor y en materia de Seguridad Social”. CCOO denunció ayer la “lamentable y caótica” situación de los trabajadores de la empresa Goyca S.A, mantenedora de las instalaciones del campo de Golf, que viene “incumpliendo los diversos convenios colectivos en vigor, y en materia de Seguridad Social”.
Según explicó el sindicato en un comunicado de prensa, desde el pasado mes de noviembre CCOO, a través de la representación laboral interpuso numerosas denuncias ante la Inspección del Trabajo de Melilla “por la mala práctica del responsable de esta empresa”, entre los que destaca el abono de los haberes fuera de los tiempos establecidos, la negativa a firmar el calendario laboral, el no abono de los trabajos penosos y tóxicos, la falta de equipos de protección individual o la no entrega de vestuario reglamentario.
Además, el sindicato critica la política que la Ciudad Autónoma está desarollando en este asunto, pues tal y como pone de manifiesto, “aumenta la partida económica designada al mantenimiento de estas instalaciones y contribuye a hacer más rico al empresario de turno, mientras los trabajadores padecen una situación lamentable producida por la falta de cumplimento de la legalidad vigente por parte de la empresa”.
En este mismo sentido criticó que la Administración local no haya atendido sus demandas, concretamente en la petición de celebrar una reunión para explicar la situación de estos trabajadores.
“CCOO solicitó el pasado mes de diciembre mantener un encuentro con el consejero de Deporte y la sorpresa fue que el excelentísimo consejero no ha querido reunirse con la representación laboral del centro de trabajo ni con representantes de CCOO, alegando que es una cuestión entre empresa y trabajadores y que la Consejería no tiene nada que ver en este asunto”.
Esta respuesta, en opinión del sindicato, es “desafortunada y demuestra una falta de sensibilidad social, porque aún siendo cierta la argumentación, no es menos cierto que esta Consejería tiene la obligación moral de atender a los trabajadores y de exigir al empresario que cumpla con el Convenio Colectivo y de no ser así, rescindir el contrato que tiene.
En última instancia, el sindicato argumento que “la Ciudad Autónoma no puede ni debe permitir estas situaciones, máxime cuando la empresa se abastece de suculentos fondos públicos”.
