Pese al contraste de cifras, UGT, CCOO y CSI - CSIF se enrocan en sus datos y aseguran que un 62 por ciento de los funcionarios secundaron la convocatoria.
Un día después de la huelga general en el sector público, continúan los bailes de cifras en relación al número de personas que secundaron el paro. Con la intención de arrojar algo de luz sobre el asunto comparecieron ayer ante los medios de comunicación los representantes del área pública de las principales formaciones sindicales melillenses; Ricardo Jimeno por parte de Comisiones Obreras (CCOO); Rafael Arce por la Unión General de Trabajadores (UGT) y José Silvestre en nombre de CSI – CSIF, los cuales afirmaron que la huelga fue apoyada en la ciudad “por el 62 por ciento de los funcionarios”.
Una cifra muy alejada de las que ofrecieron las instituciones de la Ciudad Autónoma, ya que la Delegación del Gobierno habló de un cuatro por ciento y el Ejecutivo local de 1,5. Números que los sindicatos negaron ayer de plano, pues aseguraron que la estructura de la que disponían para contabilizar los asistentes a la huelga eran más eficientes que las de ambas administraciones.
También hubo poca correspondencia entre los datos que ofrecieron las propias formaciones sindicales, ya que SATE – STES afirmó que un 14 por ciento de los docentes secundó el paro, mientras el resto aseguraron que fue un 20.
En este aspecto, Arce recalcó que los número ofrecidos por SATE – STES “no eran los correctos”, y señaló que ni siquiera lo considera un sindicato, por lo que rechazó cualquier tipo de información o cifra que tuviera a dicha formación como fuente.
En cuanto a la asistencia a la protesta, apuntaron que unas 400 personas participaron en la manifestación, una cantidad “escasa” para las 5.000 personas que pudieron haber asistido, y que además tampoco encaja con el dato ofrecido por la Policía Nacional, que cifró la afluencia en 250 melillenses.
No obstante, desde los sindicatos se mostraron “satisfechos” con el desarrollo de la jornada, pues matizaron que muchas personas no pudieron asistir al no poder permitirse perder un día de salario. En cuanto al resultado conseguido, manifestaron que ésta es sólo “la primera iniciativa”, ya que seguirán “exigiendo al Gobierno que pare este desvarío”.
Y es que en palabras de Jimeno, el 'tijeretazo' de la Administración del Estado a los salarios, es “ilegal”, por lo que aseguró que acudirán a los tribunales para revertir la medida. “En el Estatuto Básico se establece que se podrán adoptar decisiones de carácter retroactivo en caso de que la situación del país sea grave, pero consideramos que este no es el caso”, añadió Arce.
Consecuencias electorales
Al hilo de su intervención, Jimeno auguró que las decisiones del Gobierno socialista le acabarán pasando factura en las próxima elecciones generales. “El Ejecutivo central puede adoptar las medidas que quiera, pero no podemos comprenderlas ni secundarlas. Cuando llegue los comicios, la gente hablará en las urnas”.
En similares términos habló Silvestre, quien aseguró sentirse “harto de las mentiras del Gobierno”, en relación a las promesas de la ministra Elena Salgado de no aprobar más recortes. “No son intocables, si continúan recortando derechos sociales, protestaremos con todas nuestras fuerzas”.
Y hoy, paro general de los trabajadores de Correos
En la jornada de hoy se cumple una amenaza anunciada por Comisiones Obreras (CCOO) el pasado mes de marzo, y es la convocatoria de una huelga general en el sector de Correos, la cual será secundada en Melilla. Según señaló el representante sindical de la empresa, Franciso Veira, a ‘El Faro’, el paro en el servicio a nivel local “será total”, ya que la empresa “no ha previsto los servicios mínimos para hoy”.
La huelga irá acompañada de una protesta que se desarrollará a partir de las 8:00 horas a las puertas de Correos, en la calle Pablo Vallescá.
Las demandas de CCOO, secundadas por la CGT y CSI – CSIF se han reunido en un decálogo, en el cual destaca la petición de la asignación por Decreto Ley de servicio exclusivo para un plazo de 15 años, medida similar a la que se ha tomado en Francia en este sector. También se demanda una regularización de la competencia, ya que entienden que Correos tiene “muchas más limitaciones” que una empresa privada.
A nivel económico, se solicita una inversión de 242 millones de euros anuales por parte del Ministerio de Fomento para que Correos pueda sobrevivir a nivel estatal. Este año se prevé que la empresa tendrá un déficit de 64 millones de euros.
