El consejero de Infraestructuras y Urbanismo, Rachid Bussian, informó de que tiene sobre la mesa el proyecto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para evaluarlo con la empresa que lo desarrolla, retomarlo y tenerlo listo en un plazo de un año.
En entrevista a Onda Cero, en Los Desayunos del Parador, Bussian indicó que este plan debe ser actualizado a la normativa vigente; pero antes deben de llegar a un acuerdo con la empresa encargada de su elaboración.
Explicó que en 2018, el Consejo de Gobierno con mayoría del PP aprobó una indemnización a la empresa encargada de la elaboración del plan de casi 100.000 euros; pero a la fecha, exige para retomar el plan una actualización de más de 200.000 euros porque, indicó, el Ejecutivo anterior incumplió parte del pliego de condiciones del contrato, entre otras cosas, porque incumplió con los plazos establecidos.
“Los técnicos me advierten que no ha sido hasta este año donde la normativa urbanística, la medioambiental, la servidumbre aeronáutica, el mapa de ruido no se ha podido actualizar la legislación vigente. A partir de allí, ya se puede revisar el nuevo plan”, dijo.
Para ejecutar el anterior contrato, la empresa alega que quedan pendientes seis meses, pero desde la consejería creen que ese tiempo no será suficiente para adaptar el plan a la nueva normativa. “Entiendo que una vez que nos pongamos en marcha y negociemos con la empresa la actualización de esos 200.000 euros, la consejería se marca el objetivo de 12 meses desde que se revise esa relación contractual para un nuevo plan”.
Bussian reiteró que hay proyectos del Gobierno como el nuevo aeropuerto intercontinental y el campus universitario; así como otros macro proyectos que pueden provocar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y “vamos a intentar conjugar la revisión de ese plan en unos 12 meses con algunos proyectos del Gobierno tripartito”.
Asimismo aclaró que el proyecto debe ser llevado a las comisiones en las próximas semanas y a Pleno para su aprobación, si procede.
El consejero conoce la importancia del PGOU y su alcance, pero subrayó que el plan de Melilla data desde 1995.
“El anterior no estaba adaptado a las nuevas normativas” dijo y mencionó que hasta ahora, se han gastado 565.000 euros y “los melillenses no ven ningún tipo de resultado con respecto al plan. Sería una irresponsabilidad aprobar a ciegas una actualización o revisión del plan que entendemos, que por dejadez del Gobierno anterior, nos va a costar a los melillenses mucho más”.
Por otra parte el consejero de Infraestructuras indicó que ha dado órdenes a los directores generales para que se pueda llevar a cabo un modificado del PGOU, que independientemente de la revisión y actualización; ha conocido que muchas empresas o viviendas unifamiliares no pueden acometer ningún tipo de reforma o reparación a expensas de cuál puede ser la calificación del espacio o del suelo.
“Monstruo a reeducar”
Sobre el estado de la consejería, Bussian indicó que es “este es un monstruo que hay que reeducar”. Cuenta con un presupuesto importante para la ejecución de obras y la gestión diaria.
Acotó que hay “aspectos” que no se ejecutaban desde la consejería, como obras mayores o menores que no se han ejecutado en tiempo y forma.
La ciudad está casi por reconstruir en casi un 50%, sobre todo, en el acerado. “Nos encontramos con barreras arquitectónicas con casi un siglo de antigüedad o con instalaciones municipales prácticamente con la misma vida útil” dijo.
De acuerdo con el consejero, las competencias de la dependencia no han variado con respecto al anterior Gobierno; estas van desde la reparación de una acera hasta la luminaria de un barrio. Por ello, remarcó que las actuaciones que emanan del ente son diversos.
Por otra parte, afirmó que una de las premisas del Gobierno es reorganizar el personal que trabaja para la Administración, y en ello trabajan las consejerías de Administración Pública y Economía.
En cuanto al cese y nombramiento del director general de la Consejería de Infraestructuras y Urbanismo, publicado en el BOME el pasado viernes, aseguró que este no tiene “ningún tinte político y busca dota a la consejería de nuevas ideas, de otra visión en la organización”.
