El Gobierno central va a “rediseñar el sistema de vigilancia” en las ciudades de Melilla y Ceuta para fortalecer la protección de nuestras fronteras pero “con medios más modernos y no lesivos”. Así lo confirmó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para dar cuenta, entre otras cuestiones, de la política migratoria del Ejecutivo y de la devolución a Marruecos de más de un centenar de inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta la semana pasada.
Grande-Marlaska señaló que el objetivo del Gobierno es conjugar seguridad y “ante todo humanidad”. “Pero humanidad no es igual a permisividad”, dejó claro el responsable de la cartera de Interior, que fue rotundo respecto a episodios como los de Ceuta: “No vamos a permitir la inmigración violenta que atente contra nuestro país y las fuerzas de seguridad”.
En esta línea, recalcó que los inmigrantes que protagonizaron el salto del pasado día 22 en Ceuta utilizaron medios “violentos”, usando, por ejemplo, cizallas y productos químicos, habiendo resultado heridos siete agentes.
El titular de Interior defendió la devolución a Marruecos de 113 de los migrantes (todos salvo dos menores y un adulto que precisó atención sanitaria) que saltaron la valla, en virtud de un convenio con el país vecino de 1992. Grande-Marlaska aseguró que estas personas estuvieron asistidos por intérpretes y abogados, insistiendo en que se incoaron expedientes de devolución “individuales”. Resaltó que ninguno de ellos pidió protección internacional.
El ministro aseguró que la aplicación de este acuerdo no era aceptada por Marruecos, salvo en casos puntuales. Con esta devolución, Grande-Marlaska señaló que España y el país vecino han querido mandar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas.
Inmigración "ordenada"
“La inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable pero no la ilegal y violenta”, recalcó el titular de Interior, que también hizo alusión a la entrada “masiva” a Ceuta de finales de julio de más de 602 personas, que utilizaron una “gran violencia”.
“Es importante distinguir en la política migratoria entre supervivencia y derechos humanos con entradas violentas. No es lo mismo. Es nuestro deber y obligación atender cada caso bien diferenciados”, explicó Grande-Marlaska. Para el ministro, el objetivo es actuar con “coherencia”. Por ello, insistió en la intención del Gobierno de remodelar las fronteras de Melilla y Ceuta. Aunque no hizo alusión expresamente a eliminar las concertinas (algo que ya había anunciado casi al inicio de su mandato), explicó que se utilizarán “medios más modernos y no lesivos”.
Desde la oposición, el PP acusó al Gobierno de dar “bandazos” con la inmigración, mientras que Podemos criticó el “giro radical” del Ejecutivo en esta materia.
