Las críticas de los grupos de la oposición contra la composición del nuevo Gobierno local no se han hecho esperar, porque en verdad la reducción de cargos públicos no ha sido tal, sino más bien un remedo al servicio de una apariencia que, al final, traduce la realidad, tal cual es que los cargos del nuevo Ejecutivo que preside Juan José Imbroda son prácticamente los mismos que ya existían, aunque eso sí con otras categorías en algunos casos a las reconocidas en el anterior organigrama del equipo local de Gobierno. La oposición hace la crítica fácil ante lo que resulta evidente, pero no está legitimada para cebarse en exceso. Ni CpM, que en el año de Presidencia de Aberchán no paró de variar la composición de sus gobiernos y de nombrar hasta la extenuación cuantos cargos se le antojaron; ni ningún otro, incluido el PPL de nuevo cuño pero con un presidente, Ignacio Velázquez, que igualmente reprodujo cuantos cargos estimó convenientes, a pesar de que en 1995, cuando formó el último de los dos que presidió, nuestra entonces incipiente Ciudad Autónoma no había hecho más que iniciar su rodaje como un ente autonómico y no sólo municipal.
Se dice que se acumulan excesivos cargos y posiblemente se podrían haber ajustado mucho más. Pero también es verdad que Melilla no es ya un simple Ayuntamiento y que nuestra situación de ciudad fronteriza multiplica por tres algunas áreas de gestión, pongamos por ejemplo menores, servicios sociales u otros ámbitos como el de la hacienda pública o la economía.
En mi opinión, se han vuelto a reproducir excesivas viceconsejerías, fruto de los compromisos de un equipo ya muy grande que en su remodelación encontraba difícil encaje. A esto hay que sumar evidentes compromisos personales que se arrastran desde los tiempos de la fusión de UPM con el PP.
No obstante, difiero en absoluto con algunas de las críticas interesadas, demagógicas y si me apuran envenenadas de quienes ya están cuestionando la nueva Sociedad para el Desarrollo de los Distritos 4º y 5º, tal cual ha hecho hace unos días Ignacio Velázquez, alegando que con una actuación más específica en los barrios más deprimidos se puede acabar discriminando a otros sectores poblacionales que también tienen necesidades.
Velázquez, con su discurso medido y no exento de riesgo para el equilibrio melillense, lanza el mensaje de que se intenta privilegiar a los sectores de la comunidad musulmana más paupérrimos en detrimento de otros sectores melillenses igualmente necesitados.
Particularmente no me extraña nada su discurso. Está acorde con la ideología neoliberal y abiertamente de derechas que ha propagado en la pasada campaña electoral. Lo peor es que de forma subliminal apela al recelo de una comunidad frente a otra, aún a sabiendas de que los barrios de la Cañada de Hidum, Reina Regente y parte de Cabrerizas exigen de una discriminación positiva para ayudar especialmente a aquellos grupos sociales que acumulan los mayores porcentajes de paro, fracaso escolar y falta de infraestructuras en el conjunto de la ciudad.
El nuevo Gobierno local, con sus luces y sus sombras, sus cargos sobredimensionados en algunos ámbitos y sus aciertos en otros, triunfará de pleno si convierte este mandato electoral en el de la justicia social y la lucha contra los extremos desequilibrios económicos que tanto amenazan la estabilidad social en Melilla. No es una tarea fácil pero al menos existe la voluntad inicial de la necesidad de afrontar el reto, lo que de principio ya supone un avance respecto de lo admitido o planificado por cualquier gobierno anterior de cuantos hemos tenido en la actual etapa democrática de Melilla.
Por otra parte, la misma oposición que exige austeridad y critica el exceso en el número de cargos de Gobierno, pide liberaciones para poder ejercer mejor sus funciones. La petición puede resultar contradictoria con el discurso en pro de la austeridad, pero no deja de ser sensata, porque los grupos opositores también deben contar con tiempo y disposición para poder ejercer sus funciones. En tal sentido, resulta comedida la propuesta de CpM y lógica la reclamación de Julio Liarte Parres, regulada también en el Reglamento de la Asamblea y encaminada a corregir lo que sin duda constituye una clara discriminación de los funcionarios de la Ciudad Autónoma en sus derechos a la participación en los asuntos públicos.
Aprovecho por último para hacer una corrección, relativa a un comentario que realicé sobre la diputada del PPL Rosa Cuevas, de la que dije que por decisión del Partido Popular, al que antes pertenecía, había formado parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria hasta 2010, cuando en realidad fue relevada por el mismo Partido Popular de dicho Consejo en el año 2007.
Y por último, me despido hasta agosto, en que espero volver a esta sección privilegiada por ‘El Faro de Melilla’. Hasta entonces, que sigan disfrutando de este mes de julio. Un saludo.
