El 23 de noviembre ha pasado sin que ningún partido político realice un mínimo balance de lo que supuso para Melilla la histórica fecha, en que miles de melillenses de origen amazigh se manifestaban por primera vez en nuestra ciudad en defensa de sus derechos civiles. Sólo desde el Gobierno de la Ciudad, lo que en cierto modo puede identificarse con el PP aunque no de manera formal o estricta, se ha anunciado la presentación de un libro con tal motivo –obra por demás de mi estimado compañero y colega Fernando Belmonte-.
Podría decir que me pregunto el porqué de ese silencio, pero sería hipócrita y el recurso sólo me serviría de pura retórica. No atino sin embargo a contestar con acierto y sí a elucubrar sobre los motivos. Sospecho que para el Partido Socialista, que en principio abogó por tratar como extranjeros a quienes se negaban a ser considerados de tal modo en su propia tierra, la exégesis de lo sucedido exija un punto de autocrítica que sus actuales dirigentes no son capaces de hacer. Ninguno de ellos era relevante entonces en el mismo partido, regido en aquellos tiempos por Julio Bassets y, en gran parte, por una generación anterior e incluso progenitora de algunos destacados miembros de la ejecutiva presente del mismo Partido Socialista.
Desde CpM, también sospecho las razones: Su negación de Aomar Dudú en un malentendido pulso por el liderazgo de los musulmanes melillenses, aun hoy en que el carismático líder no es más que un personaje histórico, podría explicar el porqué de su ominoso silencio. Teniendo en cuenta la importancia de la fecha para el reconocimiento de los derechos jurídicos y políticos que permitieron a CpM conformarse como una opción localista en alza, con especial atracción de electorado hispanobereber, resulta más que ilustrativo de sus muchas contradicciones y cuestiones pendientes que no haya sido capaz de decir lo más mínimo de la importancia de mismo movimiento cívico, crucial para la historia moderna de Melilla.
Parece como si no se quisiera reivindicar lo que supuso aquella manifestación que contribuyó como ningún otro acontecimiento de nuestra historia contemporánea a transformar la sociedad melillense en pro de la normalización de las relaciones entre sus distintas comunidades.
A lo anterior se une que el acontecimiento ha tenido una lamentable coincidencia, tal cual es la decisión del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero de extraditar a Marruecos al melillense con pasaporte belga Ali Aarras.
Ayer, el delegado del Gobierno subrayaba que el Ejecutivo nacional “ofrece la máxima protección a todos los españoles con independencia de su origen, apellidos o credo” y calificaba de falaz las teorías de quienes, como por ejemplo es mi caso, veíamos tras la posible extradición de españoles al Estado marroquí un grave precedente que podría poner en solfa la validez de la nacionalidad española de los hispanobereberes de nuestra ciudad.
Como dice el delegado, precisamente a Mohamed El Bay, melillense como Alí Aarras y reclamado como éste por Marruecos por su presunta implicación en actividades terroristas, no se le ha extraditado por su condición de español. Sin embargo, como subraya el portavoz de la Plataforma por la No Extradición de Aarras, no es de recibo que el mismo Consejo de Ministros dé por válido que El Bay o Aarras, además de español y belga respectivamente, también sean considerados ciudadanos marroquíes.
El Gobierno se atiene a que en casa de El Bay se encontró un pasaporte marroquí y que Aarras antes de belga fue también marroquí. Ahora bien, para Marruecos todos los melillenses y ceutíes de origen bereber son marroquíes. Desde la perspectiva marroquí se trata de una condición sobrevenida, porque su nacionalidad española sólo es fruto de una servidumbre por su nacimiento y residencia en “las dos ciudades ocupadas”.
La ‘doble nacionalidad’ de los hispanobereberes melillenses es un tema de polémica y debate muy recurrente desde antiguo. De hecho, fue la base también para que el Gobierno González quisiera tratarlos como extranjeros bajo promesa de que posteriormente podrían acceder a la nacionalidad española. Fue igualmente el nudo gordiano de un enfrentamiento ciudadano, en el que el sector sociológicamente ‘cristiano’ pedía a la entonces llamada ‘comunidad musulmana’ una prueba de españolidad frente al Marruecos anexionista que pretendía hacerse con Melilla y Ceuta.
Veinticinco años después, entre clamorosos silencios muy ilustrativos de temores y cotradicciones, hemos avanzado pero repetimos también la esencia de algunos problemas que siguen larvados. Hacer que afloren y someterlos a debate es la mejor taumaturgia para seguir avanzando, aunque la tensión pueda resultar incómoda o difícil.
Por último, mi solidaridad una vez más con Ali Aarras y su familia, en la esperanza de que la campaña que va a iniciar Amnistía Internacional le asegure, como ciudadano europeo, el juicio justo y con todas las garantías jurídicas que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha decidido negarle.
