Los empleados se quejaron de que le rebajaban el salario y no les daban los plus, para pagar las “multas millonarias”.
El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, aseguró ayer en declaraciones a El Faro que la variación de los sueldos de los trabajadores de la UTE Melilla, compuesta por FCC y Urbaser, nada tiene que ver con la posible sanción que la Ciudad le impondrá a la empresa por no establecer el sistema GPS antes, tal y como indicaba el pliego del contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos.
Para Quevedo, los trabajadores no tienen nada que ver con la penalización, dado que la compañía abonará la posible multa de sus beneficios o pérdidas, no restando sueldo a los empleados.
Los trabajadores de esta unión de compañías expresaron a El Faro el pasado 21 de noviembre que no descartaban organizar movilizaciones, dado que consideraban que la empresa pretende aprobar un convenio en el que se establezcan descensos en los emolumentos y en las categorías de los trabajadores, algo que el presidente del Comité de Empresa, Francisco Machado, no está dispuesto a asumir.
Cambios en el IPC
Por otra parte, Quevedo indicó que los sueldos de los empleados de esta UTE varían en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) que es, por el momento, el único mecanismo que puede hacer que los salarios cambien.
Además, el consejero señaló que planea reunirse con los trabajadores para transmitirles la situación actual de la empresa, dado que ya se ha encontrado con miembros de la compañía por el mismo motivo, tras conocer las demandas de los trabajadores, aunque apunta que, por lo que sabe, la Ciudad no puede influir.
Calcular retrasos para estipular la multa
El consejero de Medio Ambiente y vicepresidente de la Ciudad, Manuel Ángel Quevedo, aseguró ayer en declaraciones a El Faro que la sanción a la empresa FCC por no haber establecido antes el sistema de GPS, como estaba establecido en los pliegos del contrato, sigue adelante.
Según el también vicepresidente de la Ciudad, actualmente los técnicos están en proceso de calcular los retrasos y cuantificarlos. “Lógicamente, la empresa tendrá su penalización”, sentenció Quevedo, que indicó que se estudiará el plazo y se tendrá en cuenta para poner una cantidad económica de la que tendrá que hacerse cargo la compañía adjudicataria.
El consejero no dio fecha de cuándo podría estar listo este proceso, dado que, entre otras cosas, una vez establecido cuánto debería pagar la empresa de limpieza y recogida de residuos, se abrirá, como está recogido en la ley, un periodo de alegaciones para la compañía, en este caso FCC.
Sin embargo, lo que confirmó ayer el vicepresidente a El Faro es que la penalización a esta entidad sigue adelante por no haber puesto en marcha antes el sistema que fue presentado ayer.
