La crisis migratoria que se está viviendo en el Este de Europa, en la frontera entre Grecia y Macedonia, quita y da la razón al mismo tiempo al Gobierno central en la manera que encaró el problema de la presión migratoria que sufrió nuestra ciudad a lo largo de 2014.
Es totalmente cierto, como apuntaba el sentido común, que la inmigración ilegal no es un asunto exclusivo de España ni es una cuestión de la que pueda desentenderse la Unión Europea. Es un problema a nivel global que hace un año afloraba y llegaba a los medios de comunicación a través de los periódicos y masivos saltos a la valla de Melilla y que ahora se hace patente en los otros extremos de Europa, en la zona de los Balcanes, en la frontera marítima entre Francia y Reino Unido o en las costas italianas.
Hoy se demuestra que las reticencias de los países del norte, de la Europa rica a la hora de abordar el problema con seriedad han sido una grave pérdida de tiempo.
Y por otro lado, esas llegadas masivas de inmigrantes relegan prácticamente a la categoría de anécdota los intentos de entradas masivas que registró la valla fronteriza de Melilla en 2014. Por un lado, según los datos que maneja la ONG Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), los inmigrantes que lograron acceder a la ciudad por este procedimiento, todos ellos de origen subsahariano, sumaron una cifra aproximada a las 2.100 personas. El número resulta irrisorio si se tiene en cuenta que prácticamente es el mismo volumen de potenciales refugiados que cruza a diario la frontera macedonia en la actualidad.
Además, hay que tener en cuenta que aunque el foco mediático de la inmigración en Melilla en 2014 estuvo permanentemente sobre el vallado (con la polémica de la concertina incluida), el mayor número de entradas ilegales se registró por los pasos fronterizos. Los inmigrantes sirios utilizaron masivamente esa ‘puerta’ sirviéndose de documentación marroquí y de sobornos a policías del país vecino para llegar a Melilla. Y ese método resultó tan ‘exitoso’ que con unas 2.400 entradas ilegales llegó a superar a los 2.100 inmigrantes subsaharianos que consiguieron entrar en nuestra ciudad saltando la valla. Sin embargo, el Ejecutivo nacional concentró todas sus medidas, tanto policiales como legislativas, sobre las personas que llegaban del África negra, a las que se les niega (y continúa negándoseles en la actualidad) el derecho a solicitar asilo ya que les resulta materialmente imposible acceder a la oficina que para ese fin se ha instalado en el paso fronterizo de Beni Enzar.
Visto desde la perspectiva de los acontecimientos que en la actualidad se viven en Grecia, Macedonia, Italia, Francia... los sucesos de Melilla quedan reducidos casi a la categoría anécdota, se ve la exageración de unas medidas policiales ejecutadas al borde de la legalidad,y la falta de cautela en una reforma precipitada de la Ley de Extranjería para dar cobertura legal a operaciones policiales a costa de debilitar principios y derechos generales... Pero sobre todo deja patente la incapacidad de las instituciones europeas para adoptar medidas efectivas tanto cuando se hacen evidentes los primeros síntomas de un problema (como ocurrió en Melilla) como cuando el asunto empieza a tomar el cariz de un drama con tintes de tragedia humanitaria (como vemos ahora en otros puntos fronterizos de la Unión Europea).
