Queda desarticulada la red de tráfico de droga e inmigrantes con base de operaciones en el puerto.
La Comandancia de la Guardia Civil informó ayer de la investigación ya finalizada denominada ‘Operación Florentina’ que ha desarticulado una red de tráfico de hachís e inmigrantes que tenía como base de operaciones el puerto de Melilla. Como resultado de las pesquisas, cuyo origen y desarrollo ya adelantó el pasado lunes El Faro de Melilla, han resultado detenidas un total de 23 personas implicadas en diferentes actividades de la red en la ciudad autónoma, Almería y Motril. Además, han sido incautados 320 kilos de hachís. Asimismo, se interceptó a tres inmigrantes que viajaban como polizones en los buques que unen la ciudad con la península, a los que habían accedido gracias a los miembros de esta red.
Del total de los arrestados, 19 detenciones se produjeron en Melilla, dos en Almería y dos en Motril. Todos son ciudadanos de nacionalidad española y varones, a excepción de una mujer, cuyo vehículo fue interceptado con 35 kilogramos de hachís, según precisó el instituto armado en una nota.
Entre los detenidos, como ya informó El Faro el pasado lunes, hay dos guardias civiles destinados en el puerto de Melilla, así como dos policías portuarios, además de cuatro empleados o tripulantes de los buques que enlazan la ciudad con la península y que eran utilizados para transportar la droga o a los inmigrantes.
A los detenidos se les imputan delitos de tráfico de drogas, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cohecho, omisión del deber de perseguir determinados delitos y el de pertenencia a organización criminal. Uno de los guardias civiles implicados en la red fue detenido el pasado mes de octubre, pues en el transcurso de la ‘Operación Florentina’ se descubrió un presunto caso de abusos a menores de edad. Esta línea de investigación pasó a llamarse ‘Operación Moulin Rouge’, en la que los investigadores identificaron a un total de 18 menores, posibles víctimas de abusos por parte del único detenido en este caso, un guardia civil de 54 años, F.M.P.
El origen de la investigación
La Comandancia explicó en su comunicado que el inicio de la denominada como ‘Operación Florentina’ se produjo a finales de junio de 2014, cuando se detectó a un inmigrante oculto en un camarote de un buque comercial que unía Melilla con la península.
Esta intervención motivó la detención por parte de la Policía Nacional de uno de los tripulantes del barco como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, lo que permitió dar origen a la investigación, al haber indicios de que pudiera tratarse de una trama que contaba con la connivencia de personas que trabajaban en el recinto portuario.
No obstante, en el sumario de la investigación a la que tuvo acceso El Faro y de la que informó en su edición del pasado lunes, se indicó que las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de dos guardias civiles en la Comandancia contra dos compañeros. Uno de ellos aseguró que uno de los agentes detenidos por su implicación en la red le ofreció “ganarse 5.000 euros”. El otro agente escuchó una conversación similar mientras estaba en el interior de uno de los aseos de la Estación Marítima.
El grupo criminal se valía del conocimiento de las instalaciones del puerto, su funcionamiento y de las medidas de seguridad que posee, para contrarrestarlas, ya que varios de ellos desarrollaban su labor en el mismo, es decir, los dos guardias civiles destinados en la garita del puerto y dos policías portuarios.
De este modo, facilitaban la apertura de las barreras y el acceso directo a los buques de vehículos y personas sin pasar el preceptivo control establecido para el tráfico de drogas, explosivos o la localización de inmigrantes ocultos.
Además de la droga intervenida, se decomisó unos 100 kilos de plantas de marihuana en una vivienda de Almería, donde la red tenía una rama que colaboraba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas a gran escala, en distintas modalidades. Para la plantación y crecimiento de esta planta, la red contaba con “sofisticados sistemas electrónicos” de crecimiento y secado. Esta rama de la organización tenía, además, conocimientos de navegación y se dedicaba a la compra de embarcaciones de alta velocidad para la introducción de hachís en la península vía marítima.
En el transcurso de la operación, supervisada y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5, al procederse a la detención de uno de los integrantes, éste se dio a la fuga con su vehículo. Intentó atropellar a uno de los guardias civiles, logró fugarse, pero fue detenido una semana más tarde.
