Felipe Castillo se presenta a vicedecano del Colegio de Abogados para devolver el respeto público al gremio.
“Defender la profesionalidad del abogado frente a todas las instituciones e intentar que el letrado sea una persona seria, profesional, considerada y digna de todo respeto”. Esta es la esencia del proyecto con el que el abogado Felipe Castillo presenta su candidatura para ser el próximo vicedecano del Colegio de Abogados de Melilla (Icame). Devolver el respeto a la Abogacía melillense en la Administración de la Justicia es el objetivo que persigue Castillo, impulsor de la creación de la Comisión de Seguimiento de los Juzgados y los Tribunales.
Además, Castillo considera que el Icame debe ser un órgano de defensa de los intereses de los abogados y que debe dar “una respuesta monolítica” ante los problemas e incidencias que se producen. Así pues, su candidatura nace de una inquietud personal y del ánimo del colectivo de recuperar la posición que el abogado merece de cara a la sociedad y de cara a la Administración de la Justicia.
–¿Cuál es el proyecto con el que se presenta a estas elecciones en el Icame?
–En esencia, defender la profesionalidad del abogado frente a todas las instituciones e intentar que el letrado sea una persona seria, profesional, considerada y digna de todo respeto. Somos operadores jurídicos igual que los jueces, los fiscales, los funcionarios y los secretarios judiciales. Entiendo que el letrado, como dice nuestro estatuto, es un colaborador, un operador jurídico dentro de la Administración de la Justicia y se reclama el respeto y la consideración y la profesionalidad que debe tener. Tan sencillo como eso. Entender que la figura del letrado es importantísima en un Estado de Derecho porque es el interlocutor entre jueces y tribunales y los ciudadanos, ya sea civil, administrativa o penal.
Además, no solamente es intermediario sino que el abogado también resuelve problemas de forma extrajudicial o transaccional, es decir, busca la vía que sea más fácil para ayudar a las personas. Por otro lado, hay que profesionalizarse siempre muchísimo porque tienes que ser una persona con conocimiento y con desenvoltura en el trato con funcionarios, jueces, fiscales...
–¿La figura del abogado no es respetada hoy día?
–No se respeta en muchísimos casos y por parte de todo el mundo. El sistema está como está. En una ciudad pequeña, en la que todos nos conocemos y tenemos trato, surgen menos problemas, pero los hay que están más enconados por lo pequeño del sitio y las cuestiones personales que puedan surgir entre las partes. Es muy complicado.
Yo vengo propugnando la creación de una comisión, que ya está creada y en marcha para que los abogados tengan voz dentro de la Administración de la Justicia, como un portavoz de las necesidades que todos tenemos tanto profesionales de la Abogacía y procuradores como los propios jueces o funcionarios. Es una rueda que tiene que girar y estamos todos dentro.
Este trabajo, tanto desde el vicedecanato como desde la comisión son elementos fundamentales para conseguir mejorar en la medida de lo posible la relación institucional y profesional entre compañeros abogados y con el resto de operadores jurídicos.
–¿Qué tipo de campaña está haciendo para convencer a sus compañeros de que le voten?
–De ninguna forma en especial, simplemente explicándoles lo que entiendo que es la relación institucional, la figura del letrado, la profesionalidad que hay que tener y el respeto mutuo que debe tenerse en los juzgados y tribunales y la lealtad entre compañeros, la deontología profesional y lógicamente el saber hacer dentro de nuestro trabajo.
–¿Qué valoración hace de la situación actual del Icame?
–El Icame, siempre, como toda institución, es mejorable. Está claro que la labor que se ha hecho hasta ahora ha sido realizada por unos equipos de personas que van intercambiándose. De todas formas hay que incidir que es una cuestión voluntaria. A nadie se le obliga a presentarse. Si eres elegido, hay que aceptar las obligaciones que conlleva el estar en un órgano colegiado en defensa de los intereses de los abogados. Lo que no podemos olvidar es que estamos defendiendo intereses profesionales ya sea profesionalizarse más, más formación, tener más peso específico en la Administración de la Justicia.
–La creación de la Comisión de Seguimiento ya parece una muestra de su deseo de ser parte activa del Icame.
–Es una vieja reivindicación que llevaba años intentando realizar desde fuera de la Junta de Gobierno del Icame porque la comisión lo que intenta es defender a los que estamos día a día en la brega, haciendo juicios, defendiendo causas, haciendo guardias... Hay cuestiones en las que no hay que estar en la Junta para llevar adelante, pero a todos nos gusta que en un momento determinado una Junta de Gobierno seria, fuerte y consistente respalde de una forma monolítica la actuación de cualquier letrado ante ciertas circunstancias y que, de hecho, se han dado.
Espero ser una voz más dentro de la Junta de Gobierno, con capacidad de discrepar, de criticar, de opinar de una forma libre e independiente en favor de todos los compañeros y en favor de la profesión.
La Comisión de Seguimiento de los Juzgados
Una de las últimas decisiones de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Melilla (Icame) ha sido aprobar, como adelantó ayer a El Faro el decano Blas Jesús Imbroda, la creación de la Comisión de Seguimiento de los Juzgados y Tribunales de Melilla.
Esta es una iniciativa impulsada por el abogado Felipe Castillo, quien ya forma parte de la comisión, junto con otros cuatro letrados más. “Los problemas que teníamos como colectivo han aumentado con los nuevos retos, en nuevas tecnologías, implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), remodelación de normas tradicionales tanto sustantivas como rituales y un largo etcétera de cuestiones a cada cual más complicada”, expone Castillo. Así, recalca que el objetivo de la Comisión es “dar solución a los problemas que hay actualmente y que se vayan planteando en relación con los juzgados y tribunales, debiendo hacer un seguimiento de aquellas actuaciones de las que nuestra Comisión estime no ajustada a Derecho, poniendo en conocimiento de los órganos competentes para su resolución así como entablar aquellas actuaciones que sean necesarias para que la impartición de la Justicia sea lo más real posible, removiendo los obstáculos que se interpongan”.
