En los últimos años y ni qué decir de las últimas semanas, las autoridades locales reclaman la aplicación del acuerdo con Marruecos para la repatriación de los menores extranjeros no acompañados (mena).
Lógicamente la problemática no es nueva, pero ésta se ha agravado en los últimos tiempos, teniendo en cuenta no solamente las críticas vertidas esta semana por el Defensor del Pueblo al respecto, sino por la denuncia que el viernes hacía la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que cifra en 400 los menores que “deambulan” por las calles de Melilla y la preocupación que hoy expresa la UFP sobre el asunto.
El problema ya no radica exclusivamente en la falta de autoridad ‘pública’ para hacer que los menores tutelados cumplan las normas del centro de acogida o en la impotencia de ver cómo estos adolescentes marroquíes, en su mayoría, se cuelan por la frontera y se esconden en las escolleras del puerto a pesar de los esfuerzos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por evitarlo o la falta de medios suficientes para atender en condiciones óptimas a los tutelados en un centro de acogida cada vez más saturado.
El problema es que no se pone y propone más solución efectiva que la aplicación del convenio con Marruecos. Este acuerdo se firmó en 2007, entró en vigor en 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en marzo del año pasado y ni antes ni después se ha dado paso alguno para ponerlo en marcha.
La Consejería de Bienestar Social apela a la aplicación de ese acuerdo con Marruecos aún sabiendo que desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma no se puede activar. Por tanto, hay que acudir a instancias superiores, como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Así parece que lo han solicitado las autoridades locales. Confiemos en una pronta respuesta.
Sin embargo, resulta chocante que este acuerdo no se haya aplicado aún ahora que en Madrid y en Melilla se presume tanto de las buenas relaciones de colaboración con el país vecino.
Sí se ha aprovechado, en cambio, esta “excelente” relación para aplicar con brío el acuerdo para la devolución de inmigrantes que entran de forma irregular a Melilla. Cabe recordar que el acuerdo hispano–marroquí se firmó hace veinte años, se ratificó a finales de 2012 y en febrero de 2013 ya se aplicó a los 21 inmigrantes que entraron en la ciudad autónoma en coches ‘kamikaze’. Pero en el caso del acuerdo para la repatriación de menores extranjeros no acompañados no ha ocurrido lo mismo. Más bien, no ha ocurrido nada.
Cualquier ciudadano puede pensar o bien que el Gobierno central no tiene en su agenda diplomática tratar con Marruecos esta problemática o bien que la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma no han hecho hincapié en este asunto con la misma fuerza y diligencia que con el problema de la presión migratoria.
A todo esto se añade un aspecto económico, quizá por la crisis, los recortes y la austeridad, pues en ese convenio hispano-marroquí para la repatriación de menores todo el peso cae sobre España. Como informa hoy ampliamente este diario, el Gobierno español correría con los gastos de protección, acogida y repatriación así como la cofinanciación de acciones conjuntas para la prevención en el país vecino, mientras que la única obligación de las autoridades de Rabat es, en un plazo de tres meses, comprobar la identidad del menor y localizar a su familia.
Y así están, jugando a pasar la pelota al tejado del vecino. Y así estamos, con menores extranjeros tutelados y sin tutelar vagando por las calles de Melilla.
Doce meses después de la publicación en el BOE del acuerdo para la repatriación de menas no se ha hecho nada. Parece que se van a cumplir los temores que expone la UFP hoy en El Faro y que este convenio quede “en papel mojado”.
