Nuestro país asumiría el coste de las actuaciones de protección y repatriación de estos niños l En el acuerdo, Marruecos se compromete a identificar a los menores y sus familias en el plazo de tres meses.
La ingente presencia de menores extranjeros no acompañados (menas) en las calles de Melilla ha llevado al Gobierno local ha pedir la activación del acuerdo bilateral con Marruecos que permitiría la devolución de estos jóvenes al país vecino, siempre y cuando pudieran reintegrarse en su familia sin problemas. No obstante, el texto del convenio, al que ha tenido acceso El Faro, indica que esa repatriación de menas a Marruecos no se realizaría a la ligera, pues habría que cumplir una serie de preceptos recogidos en el acuerdo. Además, hay que destacar que España financiaría la mayor parte de las actuaciones.
Así, el acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en marzo del año pasado, recoge que ambos países deberán cooperar para establecer un marco de trabajo en materia de prevención de la inmigración ilegal de menas, así como medidas para la protección y retorno de estos jóvenes. En la misma línea, los dos países se comprometen a consolidar un diálogo permanente y facilitar el intercambio de datos e información en este terreno.
En este sentido, para prevenir la entrada irregular de estos menores en Melilla, ambas naciones acodaron sensibilizar a los menas, sus familias y a la sociedad en general acerca de los riesgos que conlleva este tipo de inmigración irregular para los propios jóvenes. Además, se pretende establecer iniciativas para combatir a las mafias que se dedican al tráfico y la explotación de estos menores.
La parte de España
Hasta este punto, el esfuerzo de ambos países es conjunto. No obstante, en lo que respecta a la protección y el retorno de los menas, así como a la financiación de estas acciones, es España la que carga con el peso del acuerdo.
En lo referente a la parte económica, nuestro país asumiría el coste de las actuaciones de protección y repatriación de estos niños y colaboraría en la cofinanciación de las medidas de prevención, en particular favoreciendo el desarrollo socioeconómico de las regiones en las que hay un fuerte potencial migratorio de estos menores.
Además, en el acuerdo España accede a facilitar la asistencia a los menas marroquíes, garantizando a los mismos igual protección que los menores españoles, de conformidad a lo recogido en la Convención de Derechos del Niño y en la legislación nacional.
Además, se deberá proporcionar a las autoridades de Marruecos toda la información pertinente sobre los menas protegidos en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la entrada ilegal en territorio español.
Por su parte, el país vecino se compromete a identificar a los menores y a sus familias, así como a expedir la documentación que demuestre su nacionalidad, en un plazo de tres meses a partir de que España informe sobre la presencia del niño en cuestión en su territorio.
En lo tocante al retorno de estos niños, ambos países deberán llegar a un acuerdo previo sobre el caso de los menores que puedan ser objeto de regreso, así como acerca de su número.
Para la repatriación de los niños, primaría siempre la preservación del interés superior de estos jóvenes, para garantizar que, en cada caso, se dan las condiciones necesarias para la reunificación familiar efectiva o su entrega a una institución de tutela.
Por último, se establece la necesidad de crear un comité de seguimiento que se reuniría dos veces al año para comprobar cómo marcha el acuerdo. Cualquier controversia en torno al mismo, se resolvería “por la vía diplomática”.
El convenio, hecho en Rabat en 2007, entró en vigor en 2012 y fue publicado en el BOE en marzo del año pasado. Sin embargo, hasta la fecha no se ha puesto en práctica lo recogido en el acuerdo.
