Critica la irresponsabilidad de Interior y recuerda que ya han pedido la dimisión de Jorge Fernández Díaz
La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) lamentó ayer la irresponsabilidad del Gobierno central al dejar que caiga sobre los guardias civiles el peso de las irregularidades que pueden cometerse en las actuaciones que se realizan en la valla. “El problema es que no hay un respaldo jurídico para los agentes”, lamentaron. La AUGC hizo estas declaraciones después de que el Defensor del Pueblo indicara en su informe anual, publicado este jueves, que el Ministerio del Interior desoyó su recomendación de que diera instrucciones a la Guardia Civil que presta servicio en la frontera de Melilla para que cuando interceptaran a un inmigrante la actuación de los agentes fuera “su puesta a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería”.
La AUGC señaló que esta Interior se ha “obcecado” con que las ‘devoluciones en caliente’ cumplen la legalidad y eso ha provocado que haya incluso guardias civiles imputados. En este punto, los responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles recordaron que la semana pasada ya pidieron la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, después de que se conociera que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla había llamado a declarar a ocho guardias civiles en calidad de imputados por los golpear supuestamente a un inmigrante en el salto del pasado 15 de octubre y entregarlo después a Marruecos aparentemente inconsciente.
La AUGC insistió en que no entienden que no se haya respaldado hasta ahora la actuación de los agentes de la Guardia Civil en la valla. En este punto, los responsables de la Asociación indicaron qué habrá que esperar para saber que ocurre finalmente con la modificación de la Ley de Extranjería que supuestamente legalizará las ‘devoluciones en caliente’. Desde la AUGC señalaron que esta medida sí podría servir para dar mayor seguridad jurídica a los agentes. No obstante, los responsables de la Asociación Unificada no se mostraron convencidos de que salga adelante la nueva normativa.
Hay que recordar que tanto los grupos de la oposición en el Congreso como diversas instituciones internacionales, entre ellas la Unión Europea o la ONU, además del propio Defensor del Pueblo, han puesto en tela de juicio que la legalización de las ‘devoluciones en caliente’ sea acorde con la normativa internacional de derechos humanos y acceso al asilo. Ante esta situación lo único que hasta el momento ha hecho el Gobierno ha sido añadir un párrafo al texto de la ley en el que afirma que las actuaciones que amparará esta nueva normativa respetarán siempre la legislación internacional y los derechos humanos.
