La diputada Dunia Al Mansouri recuerda que la Ciudad tiene un gabinete jurídico propio, por lo que si el Gobierno local considera que es insuficiente, propone que se saquen a concurso plazas.
La diputada de Coalición por Melilla (CpM), Dunia Al Mansouri, criticó ayer el nombramiento de la secretaria regional de Nuevas Generaciones del PP, Isabel Moreno, como asesora jurídica de la Ciudad Autónoma, ocupando la vacante dejada meses antes por la anterior abogada Mª José Aguilar Silveti. Independientemente de que la incompatibilidad de este cargo con el desarrollo de la actividad privada motivara la renuncia de Aguilar Silveti, los cepemistas consideran que la Ciudad cuenta con un gabinete jurídico que hace innecesario el nombramiento de asesores jurídicos por parte del Gobierno local. De hecho, propuso que si el Ejecutivo melillense considera que el personal actual de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma es insuficientes saque a concurso las plazas necesarias. “Coalición por Melilla propone que si el personal actual no es suficiente para la labor que tienen que desarrollar, que saquen las plazas necesarias a concurso. Así, las personas que opten podrán demostrar méritos y conocimientos suficientes para poder desarrollar esta labor tan importante para la Administración Pública”, recalcó Al Mansouri.
La comparecencia de la diputada cepemista estuvo motivada por las respuestas que el Gobierno local ha facilitado a CpM a las preguntas planteadas en los plenos de control al respecto de la polémica suscitada por la incompatibilidad del puesto de asesora jurídica y la actividad privada de la abogada Mª José Silveti.
Las respuestas del Gobierno
Al Mansouri recordó que la letrada Aguilar Silveti, después de once años como asesora en la Ciudad, solicitó la compatibilidad de su puesto con el desarrollo de su actividad en el ámbito privado. “Es incomprensible que siendo asesora jurídica no supiera que era incompatible el ejercicio de las dos funciones. Solicitó su cese, cuando se conoció la polémica”.
Los cepemistas creen que ante esta situación “alguien” en el Gobierno local debería asumir “la responsabilidad política”, pues este nombramiento lo realiza el presidente de la Ciudad de forma directa y el órgano que realiza la contratación es la Consejería de Administraciones Públicas. Al Mansouri informó de que la respuesta al respecto del Gobierno local fue que “no existe responsabilidad política alguna ante la incompatibilidad”.
CpM también instó a la Ciudad a que exigiera a Aguilar Silveti la devolución de los importes cobrados “indebidamente” por una dedicación exclusiva que no era tal. Al Mansouri explicó que el Ejecutivo melillense primero respondió que ésta sería una cuestión que se sometería a estudio y tiempo después, ante la insistencia de los cepemistas, el Gobierno local informó de que había un “expediente de reintegro abierto desde hace varios meses”.
“No hemos conocido más al respecto. No nos han dado más información sobre el tema. Son algo más de 150.000 euros lo que ha cobrado (Aguilar Silveti) de forma indebida de las arcas públicas. Ella tiene obligación de devolverlo y el Gobierno de exigir la devolución de estas cantidades cobradas indebidamente”, recalcó Al Mansouri.
El nombramiento de Isabel Moreno como asesora jurídica tampoco es del agrado de los cepemistas. No solamente porque no consideran pertinente esta contratación sino, además, por la vinculación que tiene Moreno con el PP, al ser secretaria regional de Nuevas Generaciones. Desde este cargo, Moreno reprochó a CpM sus críticas a la formación becada. “Nos tachó de incoherentes. Incoherente es seguir pagando más de 150.000 euros a una persona como asesora jurídica, cuando existe un gabinete jurídico en la Ciudad Autónoma”, apostilló Al Mansouri.
