A ver cómo hace el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, para que Dimitris Avramópulos lo entienda. Está previsto que el comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía visite Melilla en unas semanas.
Sin duda, el ex alcalde de Atenas aprovechará el viaje a nuestra ciudad para saber cómo va a funcionar la oficina de asilo que nuestro ministro del Interior pretende instalar en el paso fronterizo de Beni Enzar a través de una enmienda en el Senado a la Ley de Seguridad Ciudadana para modificar a su vez la Ley de Extranjería. No se lo ha puesto fácil Jorge Fernández Díaz a Abdelmalik El Barkani. El delegado deberá explicar que esa oficina de asilo, al igual que cualesquiera otras instaladas por el mundo, tiene por objetivo ofrecer a los extranjeros la posibilidad solicitar protección internacional. Sin embargo, Marruecos ha prohibido a los negros que utilice ésta que el ministro prevé instalar en Melilla. En realidad, no permite que la use ningún inmigrante, pero hace la vista gorda con los magrebíes si éstos pagan el correspondiente ‘peaje’ a los agentes marroquíes o ‘alquilan’ un pasaporte en el país vecino. En cambio, ambas posibilidades están vetadas para los negros. Sin embargo, esta circunstancia no impidió a nuestro ministro Fernández Díaz hacer este lunes el siguiente razonamiento: Con la puesta en funcionamiento de la oficina de asilo “quedará muy claro que los inmigrantes que intenten entrar ilegalmente a España a través de los perímetros fronterizos de Melilla y Ceuta no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo y de protección internacional, porque lo podrán ejercer a través de esas oficinas en los pasos fronterizos”. Es cierto, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos sirios, que son personas que no tienen necesidad de saltar la valla, entrar ocultos en huecos de vehículos o llegar a bordo de pateras. No ocurre así en el caso de los inmigrantes subsaharianos, que para el ministro no parecen tener el “derecho a esa petición de asilo y de protección internacional” ni quizás tampoco tengan la categoría de “personas”.
Todo esto deberá explicárselo dentro de unos días El Barkani al comisario Dimitris Avramópulos. Ya lo intentó el delegado del Gobierno con Nils Muiznieks, el comisario de Derechos Humanos que durante unos días estuvo observando ‘in situ’ la realidad de la inmigración ilegal en nuestra ciudad. La demoledora valoración que realizó de las circunstancias que se viven en Melilla dejó claro que El Barkani había quedado muy lejos de conseguir endulzar las escenas y testimonios que Muiznieks tuvo ocasión de conocer en primera persona.
Menos problemas tendrá el delegado del Gobierno para entenderse con nuestros vecinos del otro lado de la valla. El ministro Fernández Díaz se lo puso ayer fácil: “No voy a meterme en la política interior de Marruecos (...) No voy a decir nada que ponga en cuestión la magnífica relación con Marruecos”. Las palabras de nuestro ministro del Interior quizá provocaron algún asombro en los pasillos del Senado, que fue donde las pronunció ayer Fernández Díaz. Aquí, en Melilla, sirvieron para confirmar lo que vienen pensando desde hace casi 14 meses los padres de Emin y Pisly, que llevan esperando desde el 27 de octubre de 2013 que alguien les explique por qué la Marina Real marroquí acabó a tiros con la vida de sus hijos. Tal vez si fueran franceses, Abdeslam Ahmed y Dris Mohamed tendrían alguna posibilitad de aclarar ese suceso y exigir responsabilidades. El Gobierno galo no ha cedido a la presión por parte de Marruecos de interrumpir en febrero de 2014 la colaboración policial y judicial hasta hace sólo diez días porque un juez francés quiso interrogar al responsable de los servicios de contraespionaje de reino alauí, Abdelatif Hamuchi, sobre el que pesan acusaciones de tortura de una ONG. En Francia la Justicia está por encima de “la magníficas relaciones” internacionales, pero Jorge Fernández Díaz no es, ni mucho menos, francés.
