Hoy, después de la enésima interrupción, imprevisto o reclamación de terceras partes, debería ser el día en el que los melillenses supiéramos por fin en los barcos de qué naviera vamos a viajar a la península durante los dos próximos años.
Hoy está prevista la apertura de los sobres con las ofertas económicas de las tres compañías que optan a la adjudicación del contrato de navegación marítima. Hoy deberíamos saber qué mejoras ha añadido la empresa elegida para prestar un servicio valorado en 25 millones de euros por dos años. Hoy no tendría que haber motivos para nuevas dilaciones, demoras, aplazamientos o suspensiones. Las navieras ya han visto reconocidas sus demandas. El Gobierno central ha dispuesto del tiempo suficiente para mejorar su oferta inicial. E incluso los motrileños han tenido la ocasión de defender sus supuestos derechos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Hoy toca dar prioridad a los intereses de los melillenses, que precisamente somos los únicos beneficiarios directos y reconocidos de la subvención del Ministerio de Fomento. Las reclamaciones de terceras partes presuntamente perjudicadas por las condiciones del contrato no deberían volver a estar por encima de los derechos de los ciudadanos de Melilla. La plataforma de entidades de Motril no se ha cansado de repetir el coste que puede suponer para la economía local la pérdida de las líneas marítimas de Armas con el norte de África. Sin embargo, desconoce cuál está siendo el impacto del retraso de la adjudicación del contrato de navegación marítima en la economía de nuestra ciudad. Probablemente a dicha plataforma le importe tan poco el daño ocasionado en Melilla como la preocupación que pueda haber en la Junta de Andalucía por el futuro de nuestra ciudad y de la propia Motril. De otra manera, el Gobierno andaluz habría hecho un gesto similar al del Ejecutivo melillense, que ha estado dispuesto a aportar 1,7 millones de euros para hacer más atractivo el contrato a las navieras. En cambio, si por algo se han caracterizado en todo este proceso tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Granada ha sido por su absoluto desprecio no sólo a los intereses de los melillenses, sino también de los propios motrileños. Ningún representante de ambas instituciones ha hecho la más mínima aproximación al Ejecutivo de nuestra ciudad para intentar negociar las condiciones del contrato con el fin, por ejemplo, de presentar un acuerdo conjunto al Ministerio de Fomento. Un acuerdo en el que, lógicamente, el Gobierno andaluz o la Diputación de Granada deberían estar dispuestos a realizar su correspondiente aportación económica en defensa de los intereses motrileños. Por desgracia, nuestros vecinos de la otra orilla se tienen que conformar con que el ruido que sus representantes políticos hacen en los tribunales, una estrategia que sólo sirve para alborotar a costa de pisotear los derechos de los melillenses y para presentarse como víctimas de no se sabe bien qué agravios con el único fin de buscar réditos electorales.
