La Diputación Permanente en el Congreso rechaza la petición de la Izquierda Plural.
La petición de la Izquierda Plural (IP) en el Congreso para la comparecencia urgente del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con objeto de que diera explicaciones sobre el borrado de las imágenes de las cámaras de la valla de Melilla del pasado 13 de agosto, durante el intento de entrada masiva de inmigrantes, fue rechazada ayer con los únicos votos del Grupo Popular. El coronel Martín Villaseñor, máximo responsable de la Benemérita en Melilla, está imputado por un delito de prevaricación en relación a la devolución de estos inmigrantes.
El diputado de la IP Gaspar Llamazares fue el encargado de defender la petición de su grupo durante la sesión de la Diputación Permanente reunida ayer en la Cámara Baja. Llamazares recalcó que la petición de comparecencia de Fernández Díaz iba acompañada de la solicitud de su dimisión por la “vulneración sistemática de los Derechos Humanos” que se viene produciendo en la valla de Melilla y Ceuta. El parlamentario recordó la respuesta que su grupo recibió en torno a las grabaciones del 13 de agosto en la que el Gobierno central justificó la eliminación de las imágenes en base al requisito legal de guardarlas durante un mes si no eran solicitadas por un juez. En este sentido, Llamazares consideró que éstas no debieron borrarse pues los sucesos de aquél día estaban bajo investigación judicial, requisito recogido en la misma norma legal.
“El Gobierno pretende tapar lo que hace. En unos casos alejando a los periodistas para que no hagan su trabajo y en otros casos imponiéndoles multas y borrando imágenes”, criticó Llamazares.
El diputado insistió en que el ministro del Interior debe dar explicaciones de por qué se han eliminado las imágenes, lo que puede suponer incluso, dijo, “un claro caso de obstrucción a la Justicia”, y de otros sucesos, como el ocurrido el 15 de octubre en el que un inmigrante fue entregado a las autoridades marroquíes por la valla esposado y semiinconsciente.
El diputado popular José Ramón García Hernández criticó duramente a Llamazares por sus palabras, pues éstas, en su opinión, lo único que hacen es levantar la sospecha sobre la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las cuales, en todo caso, están precisamente “para defender la ley”. Además, dijo que este asunto no tenía una entidad suficiente como para solicitar la comparecencia del ministro de manera urgente y recordó que tanto Fernández Díaz, como su número dos en el Ministerio, Francisco Martínez, han comparecido en varias ocasiones en el Congreso y han respondido numerosas preguntas por escrito sobre la situación de la inmigración irregular en Ceuta y Melilla.
Defensa de la Guardia Civil
García Hernández recordó que la obligación de España es proteger y defender sus fronteras, que son también de la Unión Europea, y sostuvo que la actuación de la Guardia Civil en la valla siempre responde a los principios de proporcionalidad establecidos por ley, respetando los Derechos Humanos y las necesidades de protección internacional de los inmigrantes.
El parlamentario popular afirmó que la postura defendida por IP es una “grave irresponsabilidad”, pues más parece que se esté defendiendo la inmigración ilegal en sí. También consideró que las palabras de Llamazares contribuyen a generar y alimentar una “desconfianza” hacia la actuación policial en la valla de Melilla. Y recalcó que la presunción de legalidad “está del lado de los que aplican y defienden la ley”.
El diputado popular acusó al diputado de IP de hacer “demagogia” en torno al problema migratorio que sufren Melilla y Ceuta y dijo creer que la Izquierda Plural lo hace “para hacerse presentes” en medio de “los movimientos que se están produciendo en la izquierda”.
PSOE y PNV se sumaron a la petición de Llamazares
Los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Emilio Olabarría y el socialista José Martínez Olmos apoyaron la petición de Izquierda Plural, aunque finalmente fuera rechazada. El diputado del PNV recalcó que nunca antes España ha estado bajo el foco de la sospecha en el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de instancias europeas como ahora. Máxime cuando aún está en trámite el intento de “entronizar” las llamadas ‘devoluciones en caliente’, que Olabarría tildó de “deportaciones ilegales”. Todo ello, añadió, no son más que “disfunciones de una política de Extranjería que el PP ha ido endureciendo” con el tiempo.
Por su parte, el diputado socialista Martínez Olmos recalcó que ante la problemática que se está viviendo en las fronteras de Melilla y Ceuta “el Gobierno tiene que dar la cara”, ya sea el ministro del Interior o el delegado del Gobierno en Melilla, concretamente sobre el borrado de las imágenes de las cámaras en la valla del 13 de agosto. Martínez Olmos se mostró pesimista al respecto pues la política del Ejecutivo “está dirigida a hacer que este problema se enquiste en Melilla, aumentando la inseguridad de los ciudadanos”, que no viene acompañada de un incremento de los efectivos de los CyFSE que haga que “los melillenses se sientan como el resto de los españoles”.
