El TSJA afirmó a El Faro que el juez requirió las imágenes del salto, pero no pudieron facilitar la grabación completa
La Guardia Civil sólo entregó el inicio del vídeo de seguridad del salto a la valla del pasado 13 de agosto al juez que instruye la causa en la que está imputado el coronel jefe de la Benemérita en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explicaron ayer en declaraciones a El Faro que el juez solicitó al Instituto Armado estas imágenes y desde la Benemérita le enviaron sólo el inicio de la grabación. La explicación que dio la Comandancia de Melilla sobre el hecho de sólo existiera el principio de las imágenes es que en los dispositivos de almacenamiento de la Guardia Civil van grabando unas imágenes sobre otras cuando se van llenando, para recuperar espacio. Por esta razón, cuando el juez pidió que se le entregaran estas imágenes, ya no estaban completas y tampoco podían ser recuperadas.
Desde el TSJA no pudieron precisar cuánto tardó el magistrado instructor del caso en hacer la solicitud de las grabaciones. Lo que sí apuntaron fue que sólo un día después del salto, el 14 de agosto, el juez pidió a la Benemérita información sobre qué agentes estaban en la valla en el momento en el que se produjeron las supuestas ‘devoluciones en caliente’ y quién dio la orden de que los inmigrantes fueran rechazados. Por lo tanto, en la Comandancia había constancia de que el juez estaba investigando los hechos.
La respuesta parlamentaria
Hay que recordar que la semana pasada se conocía el contenido de una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado de Amaiur Jon Iñárritu, que en septiembre presentó por escrito dos peticiones en el Congreso para acceder a las imágenes de los saltos que tuvieron lugar el 13 y el 30 de agosto del año pasado. El Ejecutivo central respondió a Iñárritu, casi tres meses y medio después, que “las imágenes de seguridad correspondientes a los saltos a la valla de Melilla que tuvieron lugar los días 13 y 30 de agosto ya no están disponibles, porque se conservaban conforme a los plazos establecidos en la Ley de Videovigilancia, norma que impone la destrucción al cabo de 30 días salvo que existía un procedimiento judicial al respecto”. Este último término, la apertura de un procedimiento judicial, se cumplía en el caso del salto del día 13. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla decidió imputar a Martín Villaseñor por la presunta comisión de un delito de prevaricación a causa de las devoluciones de aquel día. Hay que recordar que el coronel está acusado del mismo delito por las expulsiones de inmigrantes que se llevaron a cabo en el intento de entrada del 18 de junio.
El abogado no pidió vídeos
Por su parte, el abogado que representa a las ONGs (Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein) que presentaron la denuncia de los hechos por el que está imputado Martín Villaseñor, José Luis Rodríguez, dijo en declaraciones a El Faro que ellos no pidieron las grabaciones de la Guardia Civil porque tenían sus propias imágenes en las que se veía claramente lo que ocurrió. El letrado indicó que el Instituto Armado reconoció la validez de los vídeos presentados por la acusación y él no consideró que las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad fueran a aportar más información.
En cualquier caso, Rodríguez consideró que lo “prudente” por parte del Instituto Armado habría sido no borrar las imágenes, cuando había un procedimiento judicial abierto. “Lo estéticamente correcto habría sido no eliminar estos vídeos”, dijo.
