El presidente autonómico augura que el caso tiene “poco recorrido” y recomienda a la oposición “sosiego” l Respeta las decisiones judiciales, aunque lamenta que el Juzgado número 2 “no le haya dejado hablar”.
“Si esto es un delito, apagamos el país y nos vamos”. Así se pronunció el presidente del Gobierno local, Juan José Imbroda, sobre la decisión de la Fiscalía de informar a favor de que el Tribunal Supremo abra una causa contra él por un presunto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la Ciudad Autónoma. El jefe del Ejecutivo melillense compareció ayer por la tarde en la sede del PP para pronunciarse sobre esta cuestión y mostró su confianza en la “última decisión” de la Justicia sobre el caso.
“El resto es un camino. Es la última decisión es la que hace justicia. Aquí no hay ninguna historia, nada de nada”, abundó. Asimismo, remarcó que se siente “indefenso y descontento” por el trato del Juzgado número 2 de Melilla, que instruye dicho caso, ya que no le han dejado personarse para dar explicaciones. “Tengo la premonición de que esto tiene poco recorrido. Le recomiendo a los de la oposición que no tiren cohetes pensando que han acabado conmigo. Que tengan sosiego y paciencia”, indicó.
Asimismo, subrayó que ha sido “un fiscal de los muchos que hay” el que ha examinado “el terrible caso” de la contratación de abogados, dijo con ironía. “Parece que de las tres o cuatro acusaciones contra mí que han salido del Juzgado número 2 como un torbellino hacia el Tribunal Supremo, el fiscal mantiene la del posible delito de prevaricación”, explicó el presidente. “No hay fundamentos. No hay nada. El fiscal entiende que podría haber prevaricación y por ello lo pasa a la sala para que los magistrados lo estudien”, subrayó.
Sin poder hablar
El presidente lamentó que desde el año 2011, cuando comenzó el caso, no haya podido hablar ante el Juzgado número 2 sobre esta situación, algo por lo que “no está contento”, aunque dejó claro que respeta totalmente las decisiones judiciales. Asimismo, remarcó que para que exista el delito de prevaricación debe haber mala fe y conocimiento de causa de que se está cometiendo una irregularidad. “Sería el caso de comprar sillas de tres patas, que todo el mundo sabe que son inútiles”, destacó el presidente autonómico como ejemplo.
El jefe del Ejecutivo recordó que en el año 2006 se produjo un caso similar con otro letrado al que se le abonaron unos servicios encargados por otro Gobierno y que también acabó en los tribunales. “En aquel entonces intentaron buscarme las cosquillas por ahí, pero el Tribunal Supremo dijo que todo estaba bien, que no había problema”, señaló. “No sé por qué el fiscal se ha pronunciado hoy (ayer) en este sentido. Si me dejan hablar, les contaré lo mismo que les estoy contando ustedes, no hay otra cosa”, aseveró dirigiéndose a los periodistas.
La conciencia tranquila
El presidente subrayó que tenía la conciencia “la mar de tranquila a estas alturas de la película” e insistió en que confiaba en la Justicia “con mayúsculas” y sobre todo “en la última decisión, que es la que marca lo justo y la que estoy esperando”.
Por ello, reiteró en que toda la actuación administrativa con respecto al pago de las minutas al abogado se realizó siguiendo los procesos marcados y con el examen de las diferentes áreas de la Ciudad Autónoma.
