Creen que “se deben dar garantías jurídicas a los guardias, pero no a costa de quitar derechos a los inmigrantes”.
Mal y tarde. Así llega el protocolo de actuación para las fronteras de Melilla y Ceuta redactado por el Ministerio del Interior, según criticó en la jornada de ayer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de la ciudad autónoma, desde donde recordaron que llevan casi dos años reclamando la redacción de dicho documento.
En cuanto al contenido del mismo, la organización considera que quedan bastantes lagunas, como es el caso de la utilización de material antidisturbios por parte de los agentes cuando se produce una entrada ilegal.
En este terreno, el portavoz nacional de la AUGC, Juan Antonio Delgado, se mostró sorprendido por el “cambio de actitud” del ministro Jorge Fernández Díaz por haber pasado “de una defensa férrea de la actuación de la Guardia Civil en las vallas de Melilla y Ceuta a modificar la Ley de Extranjería a través de otra norma para cargarse su espíritu”.
Desde la delegación de AUGC en la ciudad autónoma indicaron que la decisión tomada por Interior podría quedar “en un mero parche” si no se respetan los derechos fundamentales de los inmigrantes subsaharianos. “Lo que queremos es que el protocolo sea una solución definitiva, no una mera medida temporal”, apuntillaron desde la organización. Asimismo, insistieron en que el protocolo llega “con muchísimo retraso”.
Imputación del coronel
Por otro lado, preguntaron si el Ministerio del Interior habría tomado la determinación de redactarlo si no hubiera sido imputado del coronel jefe de la Benemérita en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por un presunto caso de prevaricación relacionado con la ‘devolución en caliente’ de subsaharianos a Marruecos. “¿Habrían creado el protocolo de no ser por este caso?”, subrayaron desde la AUGC.
Por su parte, Delgado, portavoz de la organización a nivel nacional, no dudó en acusar al Ministerio del Interior y al PP de poner a los agentes del Instituto Armado “a los pies de los caballos” con la anunciada modificación para legalizar las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes. En este sentido, Delgado valoró que se quiera dar garantía jurídica a la Guardia Civil, “pero no quitándosela a los inmigrantes”.
Para el dirigente de la AUGC, las ‘devoluciones en caliente’ serán un “marrón” para los agentes, a los que se deja “a los pies de los caballos”, porque la legalización de esa fórmula “vulnerará los derechos de los inmigrantes”.
En cuanto al protocolo de actuación, le parece “poco serio” que fuera enviado primero a los medios de comunicación y después a los guardias civiles, así como que no se haya contado con la participación de las asociaciones de agentes del Instituto Armado.
Ni despeja, ni aclara
En cualquier caso, el protocolo, según denunció Delgado, “no despeja ni aclara el uso de material antidisturbios por parte de los agentes, ya que no dice ni cómo, ni dónde ni quién puede ordenar su utilización, por lo que se vuelve a la discrecionalidad”.
Asimismo, opinó que el protocolo debería ir acompañado de unas jornadas de formación a los agentes y, sobre todo, de más y mejores medios, ya que los guardias se ven obligados a utilizar vehículos con “más de 300.000 kilómetros” recorridos y a realizar “precarias jornadas laborales con una plantilla escasa”. Para finalizar, denunció la aplicación del Código Penal Militar a los agentes en funciones policiales, lo que, a su juicio, les influye a la hora de realizar su trabajo.
Así pues, AUGC no está nada satisfecha con el protocolo, pese a que llevan casi dos años demandando su redacción, siempre con el firme objetivo de que los agentes cuenten con mayor seguridad jurídica a la hora de actuar en el perímetro fronterizo para repeler a los inmigrantes que tratan de saltar el vallado.
