El presidente melillense cree que esta investigación se basa en una “disparidad de criterios administrativos” ante la contratación de cuatro letrados, pero sin contenido penal.
El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, no pasó por alto la noticia del día. Dijo congratularse por la ‘desimputación’ del interventor Francisco Platero en el caso de la contratación de cuatro abogados externos por parte de la Consejería de Bienestar Social entre los años 2007 y 2011. El juez instructor consideró que no había indicios delictivos en la actuación de Platero en esas contrataciones, pues no actuaba en sustitución del anterior interventor, Silverio Jiménez, sino por delegación de firma. El jefe del Ejecutivo local dijo creer que el caso está basado en “una disparidad de criterios administrativos” alejados de un contenido o responsabilidad penal.
En una entrevista en Popular Televisión, el mandatario autonómico explicó que esa “disparidad” de criterios es la que ha generado esta investigación y en la que, respecto de Platero, “se le ha castigado injustamente”.
Igualmente, Imbroda dijo confiar en que el resto de imputados en la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 corra la misma suerte que el interventor y sean ‘desimputados’ “pronto”.
Imbroda aprovechó la ocasión para explicar que la figura judicial de la imputación sirve para que “uno se defienda mejor. La imputación no condena a nadie, es para que vaya al juez y le explique lo que tenga que explicar” asesorado por un letrado.
En el caso de la contratación de los abogados, el mandatario melillense insistió en que se trata de un “terreno puramente administrativo”, pues la diferencia de opiniones en cuanto a los criterios o la modalidad de contratación puede darse con un abogado, un veterinario o un arquitecto.
El Tribunal Supremo
Durante la entrevista, el mandatario autonómico también se refirió a otra investigación similar sobre la contratación de un abogado externo, en cuyo “pago por el servicio ofrecido” aparece la firma de Imbroda. Este caso salió a la luz pública por boca del portavoz de PPL, Julio Liarte, a quien Imbroda recriminó que anunciara públicamente este caso, que está bajo secreto de sumario. Liarte aseguró el pasado agosto que el titular del Juzgado de Instrucción de Melilla había elevado recientemente al Tribunal Supremo una exposición motivada para que se “preimpute” a Imbroda por delitos relacionados con el pago de 350.000 euros a un abogado externo en el año 2011.
Ya entonces, el propio Imbroda en rueda de prensa detalló que se trata del pago de una minuta a un abogado de Melilla similar al realizado en otras ocasiones, sobre el que ya existe jurisprudencia al respecto, y anunció una querella contra Liarte por vulneración del secreto de sumario.
Ayer el mandatario autonómico dijo no saber aún “lo que hay dentro” de la investigación, precisamente por ese secreto sumarial. Además, Imbroda afirmó que, efectivamente, su firma aparece en documentos de pago por el servicio prestado por un abogado, “¿y eso qué significa? ¿Significa que yo cojo dinero de la caja?”, se preguntó.
“No me preocupa nada”
Imbroda explicó que los expedientes que él firma llegan a su mesa con el visto bueno de los funcionarios técnicos correspondientes y, además, está supervisado por el consejero de Economía y Hacienda, por el interventor y por el tesorero, quien es, en última instancia el que “da la orden al banco para que pague”. El presidente del Gobierno local explicó que ése es el trámite administrativo que siguen todos los pasos.
No obstante, de lo que se conoce de esa investigación está “mal leída” por parte de personas “malintencionadas y con mala fe”.
Así se refirió a Populares en Libertad (PPL), formación política que, según Imbroda, se ha dedicado toda la legislatura a poner denuncias “a troche y moche”. Se mostró en desacuerdo de esta “judicialización de la vida pública” que viene respaldada por “un señor con mucho dinero, tiene medios y jalea a un partido político para echarnos porque votando no nos echan”. Imbroda evitó, durante la entrevista, mencionar a “ese señor con mucho dinero que pone una televisión, una radio y un periódico”, en referencia al responsable de Gaselec, Gustavo Cabanillas.
En cualquier caso, Imbroda dijo sentirse “tranquilo” porque todos estos asuntos judiciales no le preocupan “nada”. “Mi conciencia está tranquila”, aseveró y recordó que hace algunos años también se elevó al Tribunal Supremo una causa similar y “no pasó nada”. “El Supremo dijo que lo que había firmado estaba bien firmado”, apostilló.
Tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, la ‘Operación Ópera’ está “lejos de las expectativas que la oposición se había creado”
En relación a la conocida ‘Operación Ópera’, que investiga supuestos fraudes en la contratación de la Ciudad Autónoma, el presidente del Gobierno local dijo desconocer aún la justificación de los registros efectuados en las dependencias municipales y las detenciones a varios responsables públicos. Tras el levantamiento parcial del secreto de sumario de la ‘Ópera’, “veremos a ver cuando terminen qué es lo que hay. Por ahora, creemos que no era para montar la que se lió, además de crear una indefensión absoluta a las personas imputadas”, razonó Imbroda.
El jefe del Ejecutivo local dijo confiar en que las pesquisas terminen “pronto y rápido”. No obstante, dijo que con lo que se sabe hasta ahora, la ‘Operación Ópera’ “está lejos de las expectativas que la oposición se había creado”.
Lamentó que en torno a este caso algunos sectores políticos y sociales, especialmente desde Populares en Libertad, “hayan pensado que esto es como Marbella, porque lo han dicho alguna vez”. Todo ello por la adjudicación de un contrato al empresario Abdelkader Kassem en el que la oferta económica estaba “escrita a lápiz y encima escrita a bolígrafo”. “Es que esto no es serio. Lamento mucho todo esto. Es penoso. Hay gente malpensada y algunos con mala fe que se piensan que esto es Marbella. Más parece el ‘far west’ (lejano oeste) de los años 40. Yo pediría cierta prudencia en algunos órganos para aceptar algunos casos”, concluyó Imbroda.
