Las ONGs querellantes restan importancia a la imputación del coronel y confían en que se aclare dónde empieza España para acabar con las ‘devoluciones en caliente’.
La investigación judicial sobre las llamadas ‘devoluciones en caliente’ surge a raíz de la querella interpuesta por tres ONGs: Andalucía Acoge, SOS Racismo España y la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) por los hechos ocurridos durante los asaltos a la valla del 18 de junio y el 13 de agosto de este año. Los portavoces de estas entidades afirmaron ayer a El Faro que en esos dos días no solamente se incumplió la Ley de Extranjería por parte de los efectivos de la Guardia Civil, sino que éstos, además, incumplieron su propio protocolo de actuación. Ese documento es la orden de servicio 6/2014 firmada por Martín Villaseñor, quien también fue aquellos dos días el jefe del operativo policial en la frontera.
El responsable de Prodein, José Palazón, afirma que se incumplió la orden de servicio 6/2014 porque los guardias civiles entregaron a Marruecos a inmigrantes que lograron superar la segunda valla. En base a ese documento ya habrían consumado la entrada en territorio español y por tanto debieron aplicarles la Ley de Extranjería. Palazón cree que el documento presenta “una ambigüedad total para hacer lo que quieran”. En su opinión, “es muy general y contrario a la Ley y Reglamento de Extranjería”. “El mejor protocolo es la Ley de Extranjería que es muy clara. El resto, confunde”, zanjó.
Los tres querellantes coinciden en que la imputación del coronel jefe de la Comandancia, Ambrosio Martín Villaseñor, es lo de menos, pues lo que realmente importa es que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo de Espinosa, entra “en el fondo de la cuestión” en el auto judicial. Ese fondo es determinar la legalidad de las ‘devoluciones en caliente’. No se trata tanto de la depuración de responsabilidades por éstas, que podría haberlas, si no de determinar qué es territorio español en el sistema de vallas de Melilla para saber dónde aplicar la Ley de Extranjería.
“Un debate político interesado”
Precisamente, es esta parte del auto judicial del que más se alegran los querellantes, pues confían en que en esta investigación se pueda aclarar el “debate interesado” suscitado por los estamentos gubernamentales: Dónde está frontera, dónde empieza España y dónde se empieza a aplicar la legislación vigente.
El portavoz de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, afirmó que desde los sucesos ocurridos en Ceuta el pasado febrero en los que fallecieron una quincena de inmigrantes, “el Ministerio del Interior ha tratado de justificar lo que no puede: Devolver inmigrantes sin ningún procedimiento. Este debate se pasó a Melilla con unas dimensiones que han agravado la situación hasta un punto que no se corresponde con la realidad. No puede haber un concepto funcional y geográfico de la frontera”, argumentó.
Por otra parte, el portavoz de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, insistió al igual que el resto en que lo importante no es la imputación de Martín Villaseñor. Si bien consideran que debe dar explicaciones, no hay que obviar que los guardias civiles responden a órdenes “a diferentes niveles”.
Lo importante es aclarar “lo que venimos defendiendo desde hace más de diez años: Que esa práctica (las ‘devoluciones en caliente’) es ilegal”. “Evidentemente se depurarán responsabilidades, pero el auto lo que cuestiona es el protocolo de actuación”, explicó Araguás y añadió que es necesario que se dé una “seguridad jurídica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los inmigrantes”.
Rechazo a las declaraciones del delegado de Ceuta
Los portavoces de las ONGs querellantes mostraron su rechazo en bloque a las declaraciones del delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco González, quien dijo que un juez no debería determinar dónde están las fronteras. Consideran que un representante político no tiene autoridad para establecer dónde esta esa frontera. “La frontera no es un chicle. Creo que sí tiene que ser un juez quien aclare la cuestión porque un político mueve la frontera según convenga. Tiene un concepto equivocado y el juez está legitimado para hacerlo”, resume el portavoz de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran.
