Escobar cree que es “absurdo” el gasto en abogados externos, que cifra en 400.000€ anuales.
El secretario general del PSOE, Gregorio Escobar, criticó ayer que el Gobierno de la Ciudad gaste cerca de 400.000 euros anuales en contratar los servicios jurídicos de abogados externos a la Ciudad Autónoma, cuando la Administración tiene su propio gabinete jurídico. “Cada año el Ejecutivo de Imbroda gasta más de 400.000 euros en defensa jurídica para miembros de su Gobierno, cuando la Ciudad tiene un servicio público de abogados. Es un gasto absurdo”, lamentó.
El líder socialista criticó que el Ejecutivo melillense haga un “mal empleo” del dinero público. “La Ciudad tiene un servicio público de abogados para cubrir las necesidades de defensa que tenga la Ciudad Autónoma, incluidos los miembros del Gobierno. Lo que no es concebible es que a los miembros del Ejecutivo se les dé el privilegio absoluto de elegir el abogado que ellos consideren y que después ese abogado se lo pague la Ciudad”.
Escobar apuntó que esta circunstancia no se da en la Administración General del Estado: “Si un empleado público o un alto cargo siente que se le está persiguiendo judicialmente por una cuestión relacionada con su cargo, tiene a su disposición la Abogacía del Estado y si quiere un abogado particular porque considera que va a estar mejor atendido, se lo paga con su dinero”, recalcó Escobar.
Por ello, el líder socialista local insistió en que es “injustificable” el gasto en contratación de abogados del Gobierno del Partido Popular. “El gasto anual en defensa jurídica para miembros del Gobierno contrasta con el hecho de que nos estén vendiendo lo que ha subido la partida de comedores sociales, eso es, la mitad de lo que cuesta la asistencia letrada”, señaló y añadió, “ésta es la preocupación social y la forma de gobernar de Imbroda”.
Igualdad de oportunidades
El líder socialista recordó que su formación ha planteado una batería de medidas para acabar con la arbitrariedad en las contrataciones, entre otras, que la Ciudad Autónoma llegue a acuerdos con los colegios profesionales y con las organizaciones de las distintas áreas de actividad económica de la ciudad para que se pueda establecer una forma rotatoria que garantice que todos los que quieran contratar con la Ciudad estén en igualdad de condiciones.
“Hay que darle igualdad de oportunidades a las pequeñas y medianas empresas y a los profesionales”, dado que “cuando se utiliza la ley de forma restrictiva para cubrir decisiones que esconden una gran arbitrariedad, lo que se está haciendo es conculcar los derechos de muchos profesionales melillenses y de muchas pequeñas y medianas empresas y, al mismo tiempo, despilfarrar el dinero de los melillenses, porque no se gasta de forma adecuada”, concluyó el líder socialista.
