NO hacen apenas ruido y aún así molestan, afean el paisaje a algunos privilegiados que insisten en vivir de espaldas al problema de la inmigración. Son dos millares de personas.
Es el número de inmigrantes que desde el pasado 19 de marzo viven en el CETI. Han transcurrido más de dos meses desde aquel Día del Padre, cuando el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, aseguró que confiaba poder reducir “en dos o tres días” la saturación del centro. El día antes se había producido el mayor salto de la valla registrado hasta ahora. Medio millar de inmigrantes entró en Melilla aprovechando que amaneció con niebla. Han transcurrido más de dos meses, aumentan las temperaturas y aún el CETI acoge a unos 2.000 inmigrantes, entre los que hay niños. ¿Cómo sobrevivir en esas condiciones?
La situación de estas personas ha pasado a un segundo plano. A nadie parece importarle la problemática diaria de dos millares de seres humanos residiendo en un espacio previsto para sólo 480 personas. O, al menos, no le importa a nadie con capacidad para poner fin a esta situación.
¿A qué se espera para tomar una decisión sobre el futuro de estas personas? ¿Quién es el responsable de esta espera sin fin? Y sobre todo, ¿quién asumirá responsabilidades si algún día ocurre alguna desgracia relacionada con la inhumana sobre ocupación del CETI? ¿En qué agujero deberá buscar la Guardia Civil o la Policía a quien ha permitido que esta situación se prolongue indefinidamente o no ha sido capaz de ponerle una solución?
Algunos inmigrantes, ante el hacinamiento en el interior del CETI, han decidido colocar fuera algunas mantas para hacer sombra y tener un lugar de esparcimiento con algo más de espacio. No es la mejor opción porque en nuestro país ninguna persona debe ocupar en esas condiciones un espacio público o privado. Sin embargo, no basta con que un grupo de operarios se presente a primera hora de la mañana para retirar todos esos enseres. A esa hora también debería estar trabajando algún responsable con capacidad para reducir la alarmante saturación del CETI. Si la ocupación de un espacio público no está permitido por la ley (y en este caso no cabe ninguna duda de que es así), más ilegal es aún acoger a 2.000 personas en una instalación para 480 individuos. Si esa situación se descubriera en un hotel o en una pensión, sería un escándalo. Su propietario o gerente tendría que dar muchas explicaciones ante las autoridades correspondientes. Y , sin duda, acudiría esposado ante el juez si la ilegalidad en su establecimiento hubiera dado lugar a un siniestro con daños personales.
En cambio, las explicaciones sobre la sobreocupación del CETI brillan por su ausencia si no es para informar de que se ha puesto fin a una ilegalidad menor de sus ‘inquilinos’, que han ocupado un palmo de hierba para colocar una sombra y sentarse a esperar cómo transcurren esos “dos o tres días” de los que habló el delegado del Gobierno aquel 19 de marzo.
