Se trata de un desahucio en precario que una joven melillense quiere ‘mover’ para su padre, el perjudicado, pero en dos años ningún letrado de Melilla se ha hecho cargo.
Hace casi dos años una joven melillense decidió corregir una injusticia que entendía quehabían cometido con su padre y solicitó asistencia jurídica gratuita en el Colegio de Abogados. En todo este tiempo hasta cuatro abogados melillenses han rechazado el caso, un desahucio en precario. La joven asegura que no le han dado una razón que justifique que “se pasen la pelota de unos a otros”. A principios de mes decidió presentar una queja en los juzgados de Melilla, pues la última letrada que le asignaron también le ha dado una negativa por respuesta. Dos años yendo de un letrado a otro y la sensación es que “no hay justicia en esta ciudad”, asegura.
En abril de 2012 presentó una denuncia por la vía penal y dada su situación económica le reconocieron el derecho a ser asistida por un abogado de oficio. Después de dos abogados, pasaron los meses y ninguno de ellos se hizo cargo de defender su causa. De hecho, asegura, tal y como expone en su queja, que en el Colegio de Abogados le dijeron que su caso estaba cerrado, pero afirma que nadie le notificó nada ni le comunicó nada.
Al parecer el tercer abogado que le asignaron a esta joven, que ha actuado siempre en nombre de su padre, también rechazó el caso, por lo que le asignaron un cuarto letrado de oficio.
“Lo que quiero saber es por qué están conmigo de arriba a abajo desde el 14 de mayo de 2012 hasta el día de hoy. Se están pasando la pelota uno a otro y a mí no se me da ninguna solución. Lo único que pido es un abogado que me lleve el caso porque las cosas se supone que se hacen acorde a la ley. ¿Esto es ley?”, se pregunta.
La denuncia
Al parecer el padre de esta joven es uno de los herederos de un local en la Barriada de San Francisco que está alquilado a un empresario local “sin el permiso de los herederos” del mismo. El administrador de la familia habría alquilado el local sin consentimiento ni conocimiento de estos herederos. La joven asegura que incluso no han percibido las rentas de ese arrendamiento. Ese contrato de alquiler se firmó, según la denuncia en 1985, año en el que los herederos vivían fuera de Melilla. Cuando volvieron, según relata la afectada, se encontraron con el local ocupado y con un supuesto poder notarial que permitía al administrador alquilar el local y al inquilino ocuparlo e incluso hacer obras en él. Según relata el padre de la joven en la denuncia, el administrador le enseñó ese poder notarial que supuestamente había firmado el abuelo de la joven en 1985. Pero, esta melillense asegura que ese documento es falso, en primer lugar porque su abuelo falleció en 1980, cinco años antes, y además el supuesto poder aparece firmado a bolígrafo, “cuando mi abuelo firmaba con el dedo meñique”.
Fue entonces, al ver el documento, cuando contrató los servicios de un abogado en su despacho privado. Pero ese letrado “se ha aprovechado de mi situación porque yo no sabía hablar ni entendía el castellano”, afirma. “Yo pido de la justicia que me devuelva mi local y que me paguen desde que ha entrado (el inquilino) en 1985 y las molestias que me han causado, el tiempo perdido y los gastos causados por su culpa. El precio quiero que se lo ponga la justicia porque este local es un negocio para mí y él (el inquilino) me lo ha ocupado sin mi permiso”, concluye la denuncia que en abril de 2012 interpuso el padre de la chica en el juzgado.
