Su candidato a las Europeas, Jesús Pérez Sánchez, pide una auditoría internacional de la Ciudad Autónoma.
El candidato de Vox y Populares en Libertad (PPL), Jesús Pérez Sánchez, criticó ayer el “abuso” de la Ciudad Autónoma en la contratación menor y el “destino poco claro de los fondos públicos” en Melilla. Por ello, consideró conveniente que la Administración local sea auditada por un órgano internacional.
Pérez Sánchez resaltó que “en España y, especialmente, en Melilla “ningún alto cargo rinde cuentas de sus errores o irregularidades, los partidos siguen siendo complacientes con la corrupción y cesar a un político sinvergüenza es un acto realmente insólito”.
El informe anticorrupción publicado este año por la Comisión Europea señala que “en España son frecuentes los casos de financiación ilegal de los partidos, enriquecimiento personal ilícito, desvío de fondos nacionales o de la UE, favoritismo y conflictos de intereses”, señaló el dirigente de PPL. Para la Comisión Europea la existencia de 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, 8.117 municipios y 50 diputaciones provinciales ha provocado “un aumento de la corrupción a nivel regional y local y el favorecimiento de las redes de clientelismo”.
Auditoría internacional
Pérez Sánchez destaca que Vox propone un redimensionamiento de la organización territorial de España para conseguir un país más cohesionado y gobernable.
Melilla permanece al margen de las mediciones del nivel de transparencia que la organización Transparencia Internacional realiza a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Según Pérez Sánchez, “la gestión económica oscurantista y clandestina en Melilla ha favorecido el abuso de la contratación menor y el destino poco claro de los fondos públicos”. Por ello, PPL propone que Transparencia Internacional verifique la gestión administrativa de la Ciudad Autónoma
Por otra parte, PPL anunció que incluirá en su programa electoral una medida reiteradamente rechazada por el Gobierno local y recomendada por la Comisión Europea para prevenir la corrupción en la contratación administrativa, como la obligatoriedad de publicar todos los procedimientos negociados y permitir la participación de todas las empresas sin que tengan que ser invitadas previamente.
