GRA063. MADRID, 19/08/2017.- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en la Moncloa, tras presidir la reunión de la mesa de valoración de la amenaza terrorista en el Ministerio del Interior, en la que ha informado sobre la decisión de mantener en el 4, de una escala de 5, el nivel de alerta, aunque se reforzarán medidas de seguridad en algunas zonas e infraestructuras. EFE/Fernando Alvarado
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, rubricará el lunes, a las 10:00 horas, el acuerdo alcanzado con los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y las siete asociaciones más representativas de la Guardia Civil para conseguir la equiparación salarial de estos Cuerpos con las policías autonómicas en los próximos tres años.
El ministerio sostiene que en esos tres años se conseguirá acabar con la “brecha salarial” existente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos policiales como los Mossos d’Esquadra, cuyos agentes cobran mayores sueldos que sus compañeros del Instituto Armado y del Cuerpo Nacional de Policía.
El acuerdo, que cierra una reivindicación de casi tres décadas que “ningún Gobierno ni siquiera había abordado anteriormente”, según subraya un comunicado de Interior, supondrá una subida media de 720 euros en los próximos tres años para un guardia civil y de 560 euros para un policía nacional, llegando incluso a ser mayor en las nóminas de las escalas y categorías más bajas.
Se constituirá una comisión de seguimiento que garantice el cumplimiento del “histórico acuerdo” y una consultoría externa fijará los criterios para que la equiparación salarial sea una realidad en el plazo de los tres años previstos.
Garantías legales
El Gobierno impulsará una ley que garantice para siempre la equiparación justa entre los distintos Cuerpos policiales: a igual trabajo y función, mismo sueldo.
Sin embargo, un sindicato de la Policía Nacional, Alternativa Sindical Policial, ha mostrado su rechazo al acuerdo alcanzado por otros representantes de los agentes al considerar insuficientes las cantidades que el Gobierno destinará a la equiparación salarial.
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