Cuatro organizaciones no gubernamentales han denunciado este jueves que se siguen produciendo “numerosas devoluciones en caliente” y vulneraciones de derechos humanos con migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, por lo que han pedido la implicación de las autoridades nacionales y europeas.
En un comunicado recogido por Efe, las organizaciones No Name Kitchen, Solidary Wheels, Asociación Elín y ExMenas, han señalado que el último intento de entrada masiva producido en Ceuta el pasado 15 de septiembre dejó tras de sí “numerosas devoluciones en caliente y muchas irregularidades cometidas durante aquella jornada y que vienen dándose de manera sistemática desde hace tiempo”.
Asimismo, han destacado que el pasado 26 de agosto la policía española retuvo “violentamente” a más de 60 personas en la frontera del Tarajal de Ceuta y “unas horas después las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejecutaban una devolución colectiva a Marruecos”.
“Por las mismas fechas, en Melilla una embarcación era arrollada por la Guardia Civil en aguas españolas, ejecutando una devolución en caliente en colaboración con las fuerzas marroquíes”, han comentado.
Las cuatro organizaciones han asegurado que el incumplimiento de dichas normativas ha quedado patente con una sentencia reciente del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta que ha declarado ilegal aplicar devoluciones en caliente en el mar.
También han criticado que el pasado 15 de septiembre en Castillejos (Marruecos) y en los alrededores de Ceuta “miles de jóvenes intentaron cruzar la frontera de Ceuta y fueron reprimidos brutalmente por las autoridades marroquíes”.
Del mismo modo, las organizaciones han advertido de que ponen “el foco” en la responsabilidad del Estado español y de la Unión Europea “ante violaciones a la legislación nacional e internacional”, por lo que plantean una serie de “exigencias” que posibiliten el “uso de vías legales y seguras para migrar”.
Las organizaciones han añadido que lo que pretenden es “concienciar a los legisladores, a quienes aplican las leyes y a la sociedad en general para promover una política que respete la dignidad humana”.
Por ello, han pedido el cese de las políticas orientadas a “controlar, reprimir y vulnerar los derechos de las personas migrantes y refugiadas”.
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