UPyD pide paralizar el convenio con Air Nostrum

Quiere que intervenga el Estado para evitar una “merma de los recursos” de Melilla.

Unión, Progreso y Democracia, UPyD, pidió ayer en un comunicado de prensa la intervención del Estado para frenar el convenio de publicidad que la Ciudad Autónoma quiere firmar con la compañía Air Nostrum.

    En este sentido,  el coordinador de la formación, Emilio Guerra, afirmó que “Imbroda se contradice pues  habla de la oferta ya vigente de Air Nostrum gracias a su magnífica gestión política y por otro, que todo ello debe tener un coste que según su tesis, se le puede adjudicar a otra compañía”. “Evidentemente, insulta a la inteligencia de los ciudadanos y se queda tan pancho. Estamos ante otra de las grandes trolas de Imbroda, que se está especializando en contar mentiras de manera compulsiva”, señaló. 

   Junto a ello, remarcó que el futuro convenio publicitario de diez millones de euros, “cuyas cláusulas de condiciones parecen más que predispuestas para Air Nostrum, es un auténtico dislate por innumerables razones”, entre las que citó el hecho de que no solucione el enquistado problema del transporte pues  “los billetes siguen a los mismos precios abusivos sobre todo cuando se emiten en fechas cercanas al viaje o para los fines de semana”.

   En segundo lugar, Guerra añadió que “es un convenio a cuatro años, con lo que Imbroda se extralimita y deja una pesada carga a otros gobiernos, considerando que la legislatura concluye en mayo de 2011” y recordó en tercer lugar que “es obsceno a nivel político, gastar diez millones de euros en publicidad cuando tenemos 10.000 parados, y esa cantidad, bien podría servir para un Plan de Empleo de 1.200 personas por todo un año”.

   Finalmente, afirmó que “se sigue inyectando dinero público bajo el señuelo de convenios publicitarios   que alimentan los márgenes de beneficios de una empresa privada monopolística, algo que interfiere la libre competencia”.

   Guerra consideró “intolerable” que este convenio salga adelante, por cuanto,  “atenta gravemente contra los intereses de la ciudadanía melillense”. Por estos motivos defendió la intervención del Estado para que no se lleve a cabo.