Una política que no funciona para nadie

El Ministerio del Interior publicó ayer los datos de inmigración irregular entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado 2018. La estadística aportada por la cartera de Fernando Grande-Marlaska muestra un incremento de las llegadas de inmigrantes a Melilla tanto por mar como por tierra.

En el caso de las embarcaciones que recalaron en nuestra costa, el número de personas que fueron atendidas aumentó un 35,4 por ciento respecto al 2017. Respecto a los que llegaron por tierra, la subida fue de casi un 25 por ciento. Un total de 5.739 personas entraron en España de forma irregular a través de Melilla durante el pasado año, frente a los 4.541 que lo hicieron durante el ejercicio anterior. Además, a nivel nacional, las cifras también crecieron, con un aumento del 131 por ciento.

Es evidente que se ha sufrido un repunte de la presión migratoria sobre nuestro país, y nuestra ciudad, por su situación geográfica, es una de las grandes damnificadas de estos movimientos de población.

Las políticas emprendidas durante los últimos tiempos no parece que den los frutos deseados, y los habitantes de Marruecos y los países subsaharianos siguen desenado llegar a Europa sea como sea.

Es necesario que se apliquen nuevas estrategias para disminuir el goteo de personas que entran en nuestro país por la puerta de atrás, sin ningún tipo de seguridad para ellos ni para nosotros.

Detrás de las frías cifras hay que considerar que se trata de seres humanos, que atraviesan auténticas penurias en sus países de origen y durante la odisea en la que se convierte su viaje hasta España. Merecen toda la atención que podamos prestarles. Pero también es cierto que la entrada no puede seguir produciéndose como viene sucediendo hasta ahora, con mafias de por medio y un descontrol que provoca la saturación de algunos servicios públicos.

El Gobierno nacional debe centrarse en reforzar las medidas de control en frontera y trabajar codo con codo con los países de origen de estas personas para procurar que las condiciones en las que lleguan sean dignas y nuestro sistema público no se vea sobrepasado por un exceso de demanda.