Un trabajador del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de Melilla ha confesado haberse apropiado indebidamente de 30.000 euros procedentes de fondos públicos en diversas transacciones realizadas desde el año 2011, según ha podido saber El Faro de fuentes solventes. El funcionario admitió haber sustraído dicha cantidad económica en un escrito que entregó al director provincial del SPEE, Antonio Vázquez, el pasado 17 de junio. Fue éste último quien decidió acudir a la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido.
Según las fuentes de este periódico, el empleado se reunió con Vázquez el pasado 17 de junio a las 8:15 horas, aproximadamente, en las oficinas del SPEE situadas en la calle Gurugú. En dicho encuentro, el funcionario le comunicó al director provincial que había realizado una apropiación indebida de fondos públicos que rondaba los 30.000 euros, según señaló Vázquez a la Policía Nacional cuando denunció los hechos.
Confesión por escrito
El trabajador del SPEE le entregó al director provincial un escrito en el que detallaba cómo y cuándo realizó las diferentes transacciones que llevó a cabo para hacerse con los 30.000 euros por cauces irregulares. Las fuentes de este periódico apuntaron que el primer movimiento económico registrado en dicha confesión data de 2011, mientras que el último es de febrero de este año. Las cantidades manejadas en cada una de las transacciones rondaban los 2.000 euros.
Ese mismo día, Vázquez decidió informar por teléfono a la Inspección de Servicio de la Subdirección General de Recursos y Organización de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, envió un correo electrónico a la mencionada área del Ejecutivo central en la que adjuntaba la confesión que le había entregado el funcionario.
Después de realizar esta gestión, el director provincial del SPEE habló con dos inspectores de servicio, los cuales le aconsejaron denunciar lo ocurrido. Así lo hizo Vázquez el pasado lunes a las 16:40 horas en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Melilla. El funcionario está actualmente en libertad con cargos por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
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