El secretario general de UGT-Melilla, Javier Valenzuela, ha vuelto a exigir al Gobierno central que desvincule el plus de residencia del salario mínimo interprofesional (SMI), ya que, tal como está ahora mismo, el primero “se vuelve a comer” el incremento del segundo y, por lo tanto, la incidencia que tendrá la subida hasta los 1.080 euros en 14 pagas acordada el martes por el Ejecutivo será “prácticamente nula en Melilla” y en el resto de territorios donde se percibe el plus de residencia, como son Ceuta, Canarias y Baleares.
En este sentido, Valenzuela ha asegurado que, en una conversación con el secretario general confederal del sindicato, Pepe Álvarez, éste le informó de que la petición de UGT-Melilla ha estado sobre la mesa del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "y éste se ha comprometido a estudiar la viabilidad de la operación, que afectaría a muchos trabajadores de la ciudad autónoma”.
En parecidos términos se ha manifestado el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Melilla, Francisco López, quien ha explicado que el aumento del salario mínimo interprofesional sólo afecta a aquellas personas que no cobran el plus de residencia ni el de bonificación. “Al resto no le beneficia la subida al ser mayor el bruto que el SMI”, ha ahondado. Por lo tanto, según ha informado, “sobre todo afectará a las nuevas franquicias y a colectivos a quienes se aplica el Estatuto de los Trabajadores”.
Pese a todo, desde la UGT consideran, según Valenzuela, que la subida del SMI es una buena noticia. “Es un avance, aunque no satisface nuestra reivindicación, que eran 1.100 euros”, ha proseguido el secretario general de UGT-Melilla. Además, ha concluido que, como sigue “lejos” del salario mínimo interprofesional de los países de nuestro entorno, desde el sindicato seguirán pidiendo que continúe subiendo “para hacer frente a la carestía de la cesta de la compra”.
La subida del Salario Mínimo hasta los 1.080 euros en catorce pagas beneficiará a entre 2,3 y 2,5 millones de trabajadores en España, con especial incidencia entre las mujeres, los jóvenes y los empleados de algunos sectores como el agrícola, según cálculos de los sindicatos a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA).
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