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UGT vigilará que los empresarios paguen la parte de los trabajadores dentro de la bonificación

El secretario general, Javier Valenzuela, muestra su satisfacción por que los transfronterizos puedan cobrar el paro

La UGT de Melilla estará vigilante para que los trabajadores melillenses perciban mensualmente en su nómina la parte que le corresponde del 50% de bonificación de las cuotas patronales a la Seguirdad Social, según ha afirmado el secretario general del sindicato, Javier Valenzuela. Éste ha resaltado que estarán pendientes "de que los empresarios no se queden con toda la subvención", mientras esperan a conocer la totalidad del Real Decreto sobre la devolución del sistema anterior para hacer "una valoración más extensa" de cómo afectará a la economía local.

Valenzuela, en principio, apuntó que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como su delegada en Melilla, Sabrina Moh, "han cumplido con su palabra".

Por otro lado, el líder ugetista se mostró satisfecho por la decisión del Consejo de Ministros de incluir a los trabajadores transfronterizos entre los perceptores del subsidio de desempleo, "una reivindicación que la UGT ha demandado históricamente y por fin hoy se hace realidad". Esta medida implica que los trabajadores residentes en Marruecos que hayan trabajado en Melilla con su autorización podán acceder a la protección del desempleo de nivel contributivo sin necesidad de acreditar residencia en España.

"Esta es una buena noticia para estos trabajadores, ya que contribuían a la seguridad social con sus impuestos, pero cuando finalizaba su contrato no tenían derecho a cobrar el paro, algo incomprensible para cualquier persona. Esta medida, demandada por la UGT desde hace más de 20 años, hoy se hace ley, lo que hace que todos los trabajadores coticen a la seguridad social y cuando finalicen su contrato puedan cobrar su prestación", explicó Valenzuela.

A la UGT también le parece importante que el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros este martes incluyera igualmente la vuelta a la bonificación directa del 50% a las cuotas patronales a la Seguridad Social y la norma según la cual se impedirá el despido a personas con incapacidad grave o gran invalidez.

 

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