UGT acusa al Gobierno de actuar con “despotismo” y le insta a buscar el “consenso”

El sindicato afirma que el PP ha agravado la errónea reforma laboral del Gobierno socialista. Las decisiones adoptadas por el Gobierno de Rajoy sobre empleo sólo han servido para “agravar y aumentar” el error que supuso la reforma laboral del Gobierno de la anterior legislatura, señala Alonso Díaz, secretario general de UGT en Melilla. Por ello, agradece el apoyo de los grupos parlamentarios que han tomado en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por los sindicatos para fomentar el empleo estable y con derechos, señala en un comunicado.
Díaz subraya que con su ILP los sindicatos perseguían que “el ajuste en una situación de crisis no se haga a través de la destrucción de empleo, sino utilizando mecanismos de flexibilidad interna”, referidos a aspectos salariales, de jornada o de funciones. También se pretendía “fortalecer la negociación colectiva”.
Estos objetivos han quedado “desmantelados con la actual reforma laboral del Gobierno del PP”, señala el sindicato.
El máximo representante de UGT en Melilla afirma que “el PP se ha encontrado con una ILP que pertenecía a la anterior legislatura y Rajoy se va a encontrar con una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se plantee que su reforma es claramente inconstitucional”.
Alonso Díaz considera que el Gobierno del PP debe “dejar de estar instalado en el despotismo y buscar el consenso y el diálogo” para solucionar el drama social del paro. Por su parte, los sindicatos, según Díaz, apuestan por “buscar fórmulas de negociación y acuerdo” para crear empleo y dar respuesta a las necesidades sociales.
El dirigente sindical considera que “han quedado plasmados los déficits democráticos que tiene nuestro país porque se ha comprobado, entre otras cosas, la lentitud del proceso mientras continúa aumentando el desempleo y el sufrimiento de los ciudadanos”. En este sentido, recuerda que la ILP se depositó en noviembre de 2010, en junio de 2011 se presentaron más de un millón de firmas a la Junta Electoral Central y el 11 de diciembre es cuando se ha tomado en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados.