Imagen de archivo de una de las protestas registradas en Alhucemas.
El Tribunal de Primera Instancia de la ciudad septentrional marroquí de Alhucemas condenó ayer a 26 activistas rifeños a penas que suman un total de 53 años de prisión firme por su participación en las protestas sociales del Rif, informó una fuente de la defensa.
El abogado Rachid Belaali explicó que esos activistas fueron condenados a penas de entre un año y tres años de prisión firme, y a pagar multas cuyo valor llega hasta 5.000 dirham (unos 500 euros).
Esas personas, la mayoría de ellas jóvenes, fueron arrestadas por su participación en una manifestación celebrada el pasado 13 de agosto en la localidad de Imzuren, 15 kilómetros al sur de Alhucemas, capital del Rif. Belaali señaló que la defensa de los procesados ha pedido ya la apelación de esos juicios, que calificó de “crueles”.
Siete meses de protestas
Después de siete meses de protestas en la zona, las autoridades comenzaron a finales de mayo pasado a detener a los manifestantes rifeños y actualmente hay 216 de ellos encarcelados, 47 de los cuales aguardan juicio en la prisión de Ukacha, en Casablanca, y 169 más condenados o en espera de juicio en la prisión regional de Alhucemas.
El pasado martes, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió al rey Mohamed VI de Marruecos que ordene investigar “con seriedad” las denuncias de torturas supuestamente perpetradas por la policía marroquí contra activistas rifeños detenidos.
Pese a la detención también de la cúpula encargada de movilizar a los activistas y cuyo juicio empieza el próximo martes, las protestas sociales y la tensión continúan de forma esporádica en Alhucemas y en las poblaciones cercanas.
Los rifeños exigen, además de la liberación de los detenidos como demanda prioritaria, la construcción de una universidad y de un hospital oncológico en la provincia de Alhucemas, así como puestos de trabajo y la “desmilitarización” de la zona.
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