Seis organizaciones sindicales se reunieron ayer ante la Delegación del Gobierno para exigir al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la aprobación de las normas que permitan el anticipo de la edad de jubilación de la Policía Local y Autonómica. Así, CCOO, UGT, CSIF, CSL, COP y USTM concentraron a casi 50 personas que reivindicaban bajar la edad de jubilación de los 65 años a los 60.
Los manifestantes señalaron que con la jubilación de estos agentes, algunos de los cuales llevan “más de 30 años de servicio”, se da paso a las correspondientes oposiciones para que entren en el Cuerpo otros más jóvenes y se permita de esta forma rejuvenecer la plantilla de efectivos.
El policía local y portavoz de la concentración, Juan Ramón Matamalas, leyó un comunicado dirigido directamente a Montoro. Con este manifiesto, los agentes policiales querían visibilizar su “malestar e indignación” por la “total dejadez” del ministro y “por no haber cumplido aún su compromiso”. Por ello, exigieron “de manera inmediata la finalización del proceso y la aprobación de las normas que permitan el anticipo de la edad de jubilación de dichos cuerpos policiales”.
Más concentraciones
Debido al “hartazgo” del colectivo, ayer se desarrollaron paralelamente 50 concentraciones a nivel nacional por este motivo, entre las que se incluye la de Melilla, con el objetivo de que el Gobierno y el Ministro de Hacienda y Función Pública “tomen nota de la crispación que han generado en las plantillas de todo el país”.
Además, los manifestantes anunciaron que se concentrarán en viernes alternos coincidiendo con las reuniones de Consejo de Ministros. Asimismo, culparon a Montoro de ser el “responsable directo de tener a los policías locales y autonómicos en pie de guerra”. En el manifiesto señalaron también que no entienden por qué el ministro de Hacienda tiene “bloqueada de forma unilateral e injustificada la tramitación del proyecto normativo desde hace más de seis meses, al no remitir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el informe solicitado el pasado octubre para culminar el proceso definitivamente”.
Los sindicatos acusaron a Montoro de ser “la única persona del Gobierno y del arco parlamentario que va contra corriente, impidiendo con su injustificada e intencionada demora que de una vez por todas el Consejo de Ministros apruebe el demandando Real Decreto”.
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