El pasado miércoles el Ministerio de Interior anunció la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario para actuar ante las agresiones a los profesionales sanitarios. Una medida que el Sindicato Médico de la ciudad aplaude, aunque se pregunta cuándo se instalarán los expertos designados por la Policía Nacional y la Guardia Civil en los centros sanitarios de Melilla. “Ya estamos en julio y sabemos que en verano todo se retrasa”, indicaron fuentes del sindicato a El Faro.
Estas mismas fuentes señalaron que deben contar cuanto antes con los agentes que velen por la seguridad de los médicos y enfermeros, ya que se encuentran en una “situación límite”. “En los últimos años se constata un incremento del número de actos violentos dirigidos contra profesionales de la salud”, alertan desde el sindicato. Detallan que consisten en “lesiones, amenazas, coacciones o injurias”. “Hay pacientes que llegan una hora y media tarde a la consulta y encima esperan que sean atendidos los primeros. Si no se hace, empiezan a insultarte. También hay hombres del país vecino que exigen que sus mujeres embarazadas sean atendidas por ginecólogas y no ginecólogos. Si ignoramos su petición son capaces de romper puertas y cristales”, explican.
Ante tal problemática se hace necesario, según el sindicato, impulsar lo antes posible esa nueva respuesta policial, integral y transversal presentada por el Ministerio de Interior.
No obstante, muestra cierto escepticismo ante las medidas policiales que se pretenden implantar. “Las intenciones son buenas, pero no sabemos si serán efectivas”, apuntan. Insisten en que hay que ser “consecuente” con los pacientes y aumentar las penas ante cualquier conducta violenta. “Si tras agredir a un médico tienen que pagar 150 euros de multa y cumplir durante un mes con servicios sociales, no van a aprender nunca”, indican.
Colegio de médicos
El Sindicato Médico destacó que la decisión de poner en marcha este protocolo surgió a raíz de la reunión que el Ministerio del Interior mantuvo en marzo con la Organización Médica Colegial (OMC) y su Observatorio Nacional de Agresiones, así como con representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios para abordar esta situación.
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