La organización no gubernamental Caminando Fronteras/Walking Borders ha conseguido reunir más de 32.000 firmas en poco más de una semana para pedir al Congreso de los Diputados la prohibición de las devoluciones ‘en caliente’ de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. La petición se puso en marcha el pasado día 11 a través de la web ‘Change.org’. En el día de ayer, contaba con 32.511 firmas.
“El 31 de agosto Aminatou, Bebé, Pacience, Dalloba, Clemence, Merveille y otra compañera aún por identificar partieron junto con otras 38 personas de las costas de Nador (Marruecos) para intentar alcanzar su sueño, llegar a territorio español y poder empezar una nueva vida. Pero una tragedia tuvo lugar aquel día”, afirma la ONG a través de la plataforma de recogida de firmas.
Relato de las supervivientes
En la misma, Caminando Fronteras rescata el testimonio de algunas de las supervivientes. Según relatan, se encontraban cerca de la playa de Melilla cuando vieron aproximarse a la patrullera de la Guardia Civil, pero no las rescataron. Algunas personas se arrojaron al agua con la intención de llegar a la ciudad a nado y ser atendidas. Luego llegó La Marina marroquí, que enganchó la zodiac. “Volcó y murieron las mujeres”, exponen las supervivientes.
Cambiar la ley española
Con esta recogida de firmas, Caminando Fronteras pretende hacer presión para que los secretarios generales del PSOE, Ciudadanos y Podemos se unan en el Congreso “para tumbar” la disposición aprobada por el Gobierno del PP que permite el rechazo de los inmigrantes en la frontera para impedir su entrada irregular.
“Esta disposición ha sido condenada por el Consejo General de la Abogacía Española, por el Consejo de Europa y por decenas de ONGs especializadas en el asilo y la extranjería”, recuerda la organización en la página web.
Según sostiene la entidad, esta modificación de la Ley de Extranjería es “a todas luces ilegal a nivel internacional” y va en contra del principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra de 1961 de la que España forma parte, la Ley de asilo española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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