El PSOE pide compromiso en el Pacto contra la Violencia de Género

La secretaria de Igualdad y Servicios Sociales del PSOE de Melilla, María José Lenferding, aseguró que los socialistas “no van a demorar un solo minuto más la aplicación todas las medidas que estén a su alcance, dentro del ámbito de sus competencias, para proteger y atender a las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos e hijas”.

Lenferding concretó que, tras llegar al Gobierno de España, los socialistas se encontraron con cuestiones que necesitaban ser abordadas con carácter urgente. Medidas, dijo, para dar una respuesta inmediata y firme a la necesidad de protección de la integridad física y los derechos más fundamentales de muchísimas mujeres que viven con miedo y sufren violencia cada día. La responsable socialista pidió lealtad y compromiso a los partidos políticos para aplicar de forma urgente las medidas.

“No es que sea urgente, es que estamos llegando tarde después de meses de la inacción del Gobierno del PP”, insistió para continuar explicando que las medidas del Real Decreto Ley para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género tienen como objetivo “ampliar la protección de mujeres y menores amenazados por la violencia de género en coherencia con nuestra propia ley y con lo establecido en el Convenio de Estambul, en coherencia con el Pacto de Estado”.

Críticas

La responsable de Igualdad salió al paso de las críticas de algunas formaciones sobre el uso de la fórmula del Real Decreto Ley para sacar adelante estas medidas, un proceso para medidas urgentes.

“La urgencia está más que justificada. ¿Cuántas mujeres y sus hijos o hijas viven atemorizadas cada día, tienen miedo cada día, sufren violencia cada día? La vida de muchas mujeres está literalmente en juego. treinta y un mujeres asesinadas en lo que va de año, 954 desde 2003. Veinticinco menores asesinados desde 2013. Si esto no es urgente, ¿qué lo es?”, se preguntó.

Medidas concretas

Lenferding explicó que, gracias al Real Decreto Ley, se modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para reforzar la asistencia y la protección de las víctimas de violencia de género y la de sus hijos e hijas menores. Concretamente, “se mejora la asistencia en los procesos judiciales, fortaleciendo la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia y se ha modificado el Código Civil para garantizar la asistencia psicológica a las menores víctimas de violencia de género”.

Además, según detalló Lenferding, se facilita el acceso a los recursos de asistencia, introduciendo que la acreditación de situaciones de violencia pueda realizarse a efectos administrativos mediante informe de los servicios sociales o de los servicios de acogida de las distintas administraciones. Una circunstancia que “no supone ninguna injerencia de carácter jurídico ya que no sustituye, ni condiciona, ni altera la función de los jueces”.

“Denunciar es un paso complicado que muchas mujeres”, explicó Lenferding. Y es que por diversas razones que van “del miedo a la vergüenza no llegan a formular. En 2017, el 76% de las mujeres asesinadas no había denunciado”.