PPL critica que el Ejecutivo local no convoque el puesto de interventor

Liarte reclama que se cubra esta plaza para dar transparencia a las cuentas públicas. Tras conocer el anteproyecto de ley del Gobierno central para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, el diputado de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, criticó la “resistencia” del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, a convocar la plaza de interventor para dar una mayor transparencia a las cuentas públicas. El anteproyecto de ley tiene por objetivo racionalizar la estructura organizativa de los entes locales de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones económicas desproporcionadas.
Liarte explicó que Melilla es un ente local y como tal, la legislación permite que los puestos de secretario general, interventor y tesorero de la Ciudad sean de libre designación, salvo los dos últimos que deben ser aprobados por la Administración estatal. Sin embargo, el Estatuto del Empleado público “no contempla expresamente a Melilla y Ceuta entre los entes locales que pueden utilizar el sistema de libre designación, por lo que es seguro que Imbroda no convocará ningún concurso para la provisión de estos puestos tan importantes para garantizar el sometimiento de la Administración local a la Ley y el Derecho”, aseveró.

El “temor de Imbroda”

Para el diputado de PPL, “tendremos que esperar al menos otro año para que se apruebe este anteproyecto de ley y  otros cuantos más a que Imbroda intente encontrar un interventor a su medida o con su capacidad mermada para ver el destino del dinero de los melillenses”. Y es que, Liarte asegura que el mandatario autónomico tiene “temor a una fiscalización rigurosa de sus decisiones con trascedencia económica y de las cuentas públicas”. “Imbroda sabe que la Ciudad incumple la ley y parece no importarle. Sabe que el nombramiento de un funcionario municipal como interventor accidental es un fraude de ley y no parece importarle. Sabe que la mayoría de los contratos menores y convencios de colaboración tan costosos para la ciudad serían desaprobados por un interventor de carrera y por eso no cubre este puesto con arreglo a la legalidad”, argumentó. Por último, recordó que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas exigió el año pasado a la Ciudad que estos puestos fuesen cubiertos con funcionarios nacionales, pero “Imbroda se niega a que un funcionario independiente controle la actividad económica y financiera de la Administración local”, dijo.