Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles firmarán en breve la oferta del Ministerio del Interior para lograr que agentes de ambos cuerpos cobren igual que los Mossos d’Esquadra, después de que el sistema “on line” de votación para que las bases refrendaran el preacuerdo fuera atacado.
Fuentes próximas a los sindicatos y asociaciones de guardias informaron de esa decisión tras suspender la votación de sus afiliados y asociados sobre la oferta de Interior al sufrir la web un ataque organizado que obligó a interrumpirla.
Con todo, las organizaciones han decidido que suscribirán la oferta al considerarse legitimadas para hacerlo ya que, en el caso de la Policía, los cuatro sindicatos representan al 83,5% de todos los agentes y las siete asociaciones de guardias civiles al 60% de los efectivos.
El Ministerio se ha comprometido a una dotación en tres años de 1.100 millones de euros, de los que 500 podrían aplicarse este año y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Los cálculos de Interior cifran que en 2020 de media un policía nacional percibirá 561 euros brutos más al mes y un guardia civil 720 euros más.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, celebró ayer que estuviera “a punto” de firmarse este acuerdo sobre equiparación salarial policial tras la negociación con los sindicatos representativos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil. Según dijo en el Senado, habrá subida “para todos” los policías y guardias civiles, “ningún puesto va a ser perjudicado en beneficio de otro”.
El ministro dijo que el acuerdo supone “un avance importantísimo”, un “paso histórico” para solucionar un problema que tiene treinta años de historial y que ningún gobierno había afrontado hasta ahora.
Una consultora externa avalará el cumplimiento de esa equiparación en tres años, objetivo para el que en los próximos presupuestos se destinarán 500 millones de euros. Zoido dejó claro que esta equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas será “total, absoluta, real y efectiva” en el plazo de tres años.
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