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La Policía Nacional detiene a 39 personas en Melilla por saltarse el estado de alarma

Además, el miércoles sumaron 21 propuestas de sanción más

En los últimos datos proporcionados por la Policía Nacional, se informa de que se detuvo a una persona el pasado miércoles 15, por lo que la suma total de detenciones en Melilla desde que comenzó el estado de alarma sube al 39.

Además, hubo 21 propuestas de sanción más, ascendiendo la cifra a 867 en total en un solo mes.

El Ministerio del Interior ha distribuido una guía orientativa sobre las sanciones que pueden imponerse por saltarse la cuarentena por la COVID-19, que van desde los 600 euros por desplazamientos no autorizados hasta los 10.400 por organizar o participar en actividades de grupos que suponen riesgo de contagio.

Se trata de una comunicación del Ministerio a los delegados del Gobierno sobre la incoación de procedimientos sancionadores por presunta infracción del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es el que se ha invocado para las infracciones a las restricciones impuestas por el estado de alarma.

Interior ha querido clarificar los criterios para reflejar en los boletines de denuncia las propuestas de sanción.

Así, recomienda que si la actitud del denunciado es de desprecio, jactancia o mala educación, o ha proferido amenazas o insultos a los agentes, se anote en la propuesta de sanción, así como la entidad del nivel de riesgo observado en la conducta infractora.

También, se debe reflejar si ha habido persistencia en la infracción y, en el caso de los vehículos, el número de ocupantes, si entre ellos hay alguno vulnerable y si el desplazamiento no permitido era hacia una segunda residencia, "lo que implicaría una actitud evidentemente dolosa y dotada de mayor culpabilidad".

Precisamente, esta última infracción estaría sancionada con 1.500 euros de multa, al igual que dificultar deliberadamente la identificación del infractor.

La persistencia a infringir las restricciones a la libre circulación puede acarrear una multa de 1.200 euros, que llegarían a 2.000 en el caso de realizar de forma persistente actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales.

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