Editorial

Plan de empleo para 400 personas que tiene que aprobar la Delegación

El Gobierno melillense pone sobre la mesa 5 millones de euros pero necesita el visto bueno de la Administración Central

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha anunciado que pone sobre la mesa una partida presupuestaria de 5 millones de euros para que cuatrocientos melillenses puedan tener un puesto de trabajo durante seis meses en un plan de empleo que, sin embargo, tiene que obtener previamente el visto bueno de la Delegación del Gobierno. El motivo, que las políticas activas de empleo son competencia absoluta y exclusiva del Ejecutivo nacional.

No obstante, si la Delegación quiere y accede a la propuesta que formula Imbroda, en cuestión de unas semanas se podría firmar un convenio para el desarrollo de esos planes, que podrían comenzar para primeros de enero próximo. El presidente local da por cumplida la promesa que hizo el pasado verano cuando indicó que si los 11 millones de euros del programa que debía gestionar Sabrina Moh se perdían, la ciudad podría en marcha planes para tratar de paliar los efectos de esa "negligencia". Y así ha sido. A finales de octubre no hay ya esperanza alguna de que los más de mil puestos de trabajo se puedan sacar adelante y, en consecuencia, el Ejecutivo autonómico ha hecho lo comprometido.

Pero esos 5 millones de euros no van a ser los únicos que irán destinados específicamente al empleo. Según adelantó el presidente Imbroda, en los próximos días el Pleno de la Asamblea aprobará unas modificaciones presupuestarias que permitirán disponer de 26,1 millones de euros más de los previstos inicialmente en el documento económico de 2024. Es decir, que el Gobierno melillense va a poner en circulación más de 26 millones que incluye, entre otras cuestiones, la creación de un servicio de vigilancia medioambiental, que dará trabajo a ochenta personas. Anualmente costará 2,5 millones de euros y se iniciará con la llegada del nuevo año.

Esos 26 millones son el resultado de aglutinar los remanentes presupuestarios que se han ido acumulando y la idea es que contribuyan no solo al empleo directo sino también a dotar económicamente el plan Melilla Joven. De hecho, más de medio millón financiarán los bonos para el alquiler joven, habrá 120.000 euros para las becas de las mejores y más brillantes notas de FP, otros 200.000 para ayudar a cursar másteres universitarios y otros 600.000 permitirán a los jóvenes comprar el ajuar para sus casas.

Imbroda se mostró ayer muy satisfecho de lo que supone esta gestión de 26 millones de euros porque parte de ellos (en concreto, 5 millones) se añadirán a los bonos turísticos, de manera que se sigue en la senda de potenciar el turismo como una de las líneas estratégicas del modelo productivo de Melilla. Eso sí, lamentó que el Gobierno central se niegue a declarar como obligación de servicio público las conexiones con Málaga y Madrid, algo muy necesario para la ciudad por cuanto supondría que no haría falta destinar dinero para facilitar la llegada de visitantes. Lo que se persigue con esa declaración es, precisamente, que los billetes tengan un precio máximo fijado por el Estado y, en consecuencia, un abaratamiento para los no residentes que haría ya innecesario poner esos millones para subvencionar los pasajes.

En definitiva, el presidente melillense presumió de gestión en una jornada en la que se le cuestionó por incluir las dos fiestas musulmanas en el calendario laboral de 2025. La polémica vino dada por el hecho de que se hablara de la "sustitución" del Día de la Hispanidad por una de esas celebraciones cuando, en realidad, lo único que se había hecho es no trasladar el festivo al 13 de octubre, como han hecho otras comunidades autónomas.

 

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