Otra redada sin sentido

Esta vez el número de inmigrantes interceptados ha sido 78, la mayoría menores de edad y todos ellos de origen magrebí. La Guardia Civil ha montado durante dos días un operativo en las zonas adyacentes al puerto y Melilla La Vieja, según la nota de prensa enviada por la Comandancia. Sin embargo, no aclara cuál es el objetivo de esta operación. Señala que la finalidad del dispositivo es “dar una respuesta integral y continua para evitar asentamientos permanentes de personas en esas zonas”, pero no explica cómo lo va a conseguir si todos los inmigrantes “localizados” ya están libres y pueden regresar cuando les apetezca a esos “asentamientos”. Unos, los menores, han sido conducidos al centro de acogida de La Purísma, de donde pueden salir cuando les plazca tras los trámites administrativos de su ingreso o reingreso. Los otros, los adultos de origen magrebí, si son de nacionalidad marroquí y no están reclamados por la Justicia o buscados por la Policía, habrán sido conducidos a la frontera, por donde pueden regresar en cualquier momento sin la menor dificultad. Si son argelinos, por ejemplo, habrán sido trasladados al CETI tras pasar por la Jefatura Superior de Policía. Por lo tanto, unos y otros, en cuanto lo deseen, pueden estar ya de vuelta en las zonas próximas del puerto o Melilla La Vieja.
En consecuencia, ¿para qué ha servido esta operación? ¿En qué se diferencia de la de hace unas semanas si no son ambas igual de inútiles? A lo sumo, se puede destacar el ‘éxito policial’ de haber arrestado a un menor que supuestamente ha roto una cámara de seguridad del puerto, valorada en 3.200 euros, cuando escalaba un muro para colarse en el recinto.
También  se puede ‘vender’ el mérito ficticio de haber conseguido una mayor seguridad en la zona donde fueron localizados los inmigrantes. pero se trata de un logro efímero.
Lógicamente, la Guardia Civil no puede permitir este tipo de asentamientos en las escolleras y zonas adyacentes del recinto portuario ni en Melilla La Vieja. Sin embargo, el esfuerzo de los agentes y el coste de estos operativos cae en saco roto si tras la actuación policial no hay una estrategia por parte de la Consejería de Bienestar Social, que es la responsable de velar por estos menores acogidos en los centros de la Ciudad. El argumento de la responsable de esta área, María Antonia Garbín, es que necesita que el Gobierno central cambie la Ley del Menor. Sin embargo, antes de realizar una propuesta de este calibre, debería explicar por qué esa ley que para ella es un impedimento insalvable, no representa ninguna dificultad para su compañera de partido en Ceuta. Allí, en la ciudad caballa, no se montan espectaculares dispositivos como aquí, porque los menores extranjeros no acompañados no son un problema sin solución. Esa contradicción es el primer planteamiento que se harán sus señorías si finalmente la propuesta de la consejera Garbín llega al Congreso de los Diputados. ¿Cuál es la respuesta de la máxima responsable del área de Bienestar Social en Melilla? ¿Una nueva redada dentro de unas semanas para ‘localizar’ a los mismos menores, salvo a aquéllos que hayan conseguido su objetivo de viajar de polizones a la península? ¿Quién será el responsable penal si alguno de esos niños y adolescentes fallece en el intento?