Nada nuevo sobre los planes de empleo

Los planes de empleo continúan en el limbo y no hay visos de que se vayan a sacar a corto plazo los más de mil contratos pendientes por parte de la Delegación del Gobierno. Su titular, la socialista Sabrina Moh, se limita a manifestar que todavía se está estudiando la situación porque se pretende adoptar una solución estructural para que no haya problemas de futuro ni de cara a los siguientes planes que puedan concederse a Melilla.

Hay que señalar, en ese sentido, que la sentencia del Juzgado de lo Social que motivó la paralización de los contratos se emitió el pasado mes de abril. Han pasado tres meses desde que el magistrado dio la razón al sindicato CGT, que había denunciado que no se respetó el principio constitucional de igualdad a la hora de establecer los salarios de los trabajadores de los planes, que debían cobrar lo mismo que percibían los empleados públicos que realizaban las mismas funciones.

Noventa días después de ese pronunciamiento, todavía se está estudiando cómo actuar a ese respecto. La Ciudad Autónoma ofreció el dinero que se necesitara para saldar la deuda con los trabajadores afectados y poder sacar adelante los nuevos contratos. La delegada, en un principio, pareció tomárselo como una cuestión electoralista (se estaba en la antesala de las europeas de junio), pero el Gobierno de Imbroda insistió en su predisposición a colaborar.

Desde entonces no ha habido más que una única reunión entre las dos partes. Ese contacto tampoco es que sirviera prácticamente para nada. La respuesta de la Delegación del Gobierno es siempre la misma: se está estudiando y se continúa a la espera de los dictámenes técnicos de la Administración del Estado.

El caso es que hay más de mil familias aguardando esos planes de empleo y su situación no está precisamente para seguir esperando a ver cuando esos altos funcionarios emiten sus conclusiones. La Delegación está obligada a exigir mayor celeridad a la Administración que dirige, aunque solo sea por sensibilidad hacia esos melillenses que necesitan imperiosamente los contratos para llevar un sueldo a sus hogares.

El caso es que lo sucedido con la sentencia de abril le ha venido de perla para justificar el retraso en la puesta en marcha del programa, que debía estar funcionando desde antes del fallo judicial pero que nunca funcionó no se sabe muy bien por qué razones. De hecho, a comienzos de año se aseguró desde el Gobierno central que los contratos se formalizarían en marzo; o sea, que la gente estaría trabajando incluso antes de que el Juzgado de lo Social estudiara la demanda de la CGT.

La opinión pública melillense nunca ha recibido una explicación de por qué estos planes de empleo no se iniciaron en enero teniéndose en cuenta que hablamos de una partida presupuestaria correspondiente al ejercicio de 2023. Nadie ha sabido decir qué es lo impedía el desarrollo de los planes antes de abril, lo cual lleva a la conclusión de que aquí ha habido un grave problema en la gestión de la Delegación, del SEPE o de ambos organismos a la vez.