La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla ha condenado esta semana a unos padres por ser los autores criminalmente responsables de un delito de abandono familiar. Según se recogía en el escrito de la Fiscalía, la hija, cuando tenía once años, faltó en numerosas ocasiones al Colegio Reyes Católicos, en el que estaba matriculada, sin que se justificaran debidamente las ausencias. El centro interpuso la denuncia durante el curso escolar 2012/2013, cuando activó el protocolo como consecuencia de las faltas continuadas de la menor y de la desatención de los padres de todos los requerimientos del colegio.
La fiscal exponía en su acusación que, sólo en el segundo trimestre, la niña llegó a acumular 21 días en los que no asistió al centro, sin la que los acusados dieran explicación alguna al colegio. Faltó ocho días del mes de enero, 13 del mes de febrero y seis en abril, según se plasmaba en el escrito de la fiscal.
Los padres comparecieron ante la magistrada del Penal 2. Antes de que diera inicio la vista, una profesora del centro en el que estudia la niña habló con la juez y la fiscal para explicarles que la situación de la menor en cuestión se encontraba totalmente normalizada en la actualidad, ya que la alumna asiste diariamente a las clases y aporta justificante los días en los que falta.
Baja la pena solicitada
Los acusados por un delito de abandono familiar llegaron a un trato con la Fiscalía. Ellos reconocieron los hechos y, en conformidad, aceptaron la pena propuesta por la representante del Ministerio Público: una multa por valor de 1.080 euros.
Esta es la sanción que solicitó después de que la pareja mostrara su conformidad a colaborar con la Administración de Justicia, ya que inicialmente se pedía para ellos 3.600 euros y la privación de la patria potestad para los padres durante un plazo de seis años. Finalmente, no se retirará la custodia de la menor.
Los padres, una mujer española y un hombre de origen rifeño, que actualmente se encuentra preso por otra causa distinta, se mostraron de acuerdo con los términos de la condena solicitada por la fiscal. Luego, la magistrada dictó una sentencia condenatoria.
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