Melilla y Ceuta, las regiones con menor subida en el número de funcionarios

La cantidad de empleados público sólo se ha incrementado un 0’1% en la última década. Ceuta y Melilla han sido las autonomías en las que menos se crecido el número de empleados públicos, con un incremento del 0,1%, según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) difundido ayer. Andalucía (un 18,3%), Cataluña (un 18%) y Madrid (un 11,3%) fueron las comunidades autónomas que más incrementaron sus plantillas públicas entre 2000 y 2010.
Entre Andalucía y Cataluña el aumento de personal fue de más de 120.000 personas, mientras que en el caso de Madrid fue de más de 77.000. Las comunidades que tuvieron los incrementos menores fueron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,1%), Navarra (0,6%), Asturias y La Rioja (ambas del 0,7%).  
Para el conjunto de toda España el incremento acumulado de empleo público a lo largo de la década fue del 28,2%, cifra que superaron Baleares (61,7%), seguida más de lejos por Cantabria (46,9%) y Cataluña (43,8%).
En la elaboración de este análisis los expertos han utilizado datos del Registro Central de Personal (RCP) de las administraciones públicas y de la Encuesta de Población Activa (EPA). Según el RCP (que excluye funcionarios afiliados a MUFACE, ISFAS y otras mutualidades) de enero de 2000 a enero de 2010 hubo un incremento de 417.651 empleados públicos; mientras que, según datos de la EPA (comparando el primer trimestre de 2010 con el de 2000) el aumento fue superior a las 700.000 personas. En ambos casos casi las dos terceras partes del incremento de personal fueron en las comunidades autónomas y el tercio restante fue en los ayuntamientos.
Estas cifras hicieron que el empleo público en las tres administraciones pasara de 2,3 millones en 2000 a casi 2,7 millones en 2009 según el RCP; mientras que, de acuerdo con la EPA, se aumentó de casi 2,5 millones en el tercer trimestre de 2000 a casi 3,2 millones en el mismo trimestre de 2010.
Los autores del estudio consideran que los datos de la EPA dan una imagen más fiable sobre la contratación pública que los del RCP, pues son más amplios y tienen en cuenta a más colectivos.